Una exfuncionaria del Guateque' recrimina al fiscal que sus informes eran "ajustados a derecho" y que "los haría igual"

La jefa de Ceballos declara que era "un bromista" y "hablaba por hablar"

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una de las exfuncionarias acusadas en el juicio del 'caso Guateque' ha afirmado este martes de manera rotunda ante las imputaciones del fiscal de que eximía a determinados expedientes del trámite ambiental que sus informes eran "ajustados a derecho" y que hoy en día "los haría igual".

"Tal vez mejor redactados gracias a este procedimiento. Pero los mantengo". Así le ha respondido la técnica jurídica Carmen Eulalia Ibáñez al fiscal César Estirado, quien solicita para ella una pena de nueve años y medio de cárcel por presuntamente favorecer determinadas licencias.

También ha comparecido Ángeles Díaz León, quien era jefa de Victoriano Ceballos en ausencia de Joaquín Fernández de Castro, máximo responsable del departamento de Evaluación Ambiental. En su comparecencia, ha dicho que éste era "un charlatán" y que "hablaba por hablar". En su declaración, Ceballos dijo que hablaba en "plan de broma" con empresarios sobre dinero a cambio de licencias.

La primera en comparecer ha sido Ibáñez, quien se ha declarado inocente y quien ha mantenido un pulso con el fiscal tras diez años de su implicación en el caso. Fue una de las exfuncionarias que ingresó en prisión por orden del juez Santiago Torres, que instruyó la causa hasta que se fue a la Audiencia de Madrid.

Desde que salió de la cárcel, quiso defender su inocencia. Llegó incluso a querellarse contra el magistrado ante el Poder Judicial. Hoy ha tenido la ocasión de exponer su relato ante el tribunal y ha recriminado al fiscal sus acusaciones.

"A nosotros nos detuvieron y estuvimos más de 82 horas antes de estar ante el juez. Incomunicados. Estuve 35 días en la cárcel y luego me dijeron que era un error. Mantuvimos una actitud belicosa para que nos explicaran el cohecho", ha alegado.

Además, ha recordado que varios imputados presentaron más de veinte escritos de denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra el instructor. "Luego apareció el cohecho en la calle Santa Brígida --expediente del que le ha preguntado el fiscal-- y luego las prevaricaciones. Perdí dos puestos de trabajo --uno en el Ayuntamiento de Madrid y otro en el de Albacete, ambos por su imputación--. Me limité a hacer mi trabajo. Lo llevaba al día para hacerlo correctamente", ha dicho a preguntas de su letrado.

Al inicio del interrogatorio, el representante del Ministerio Fiscal le ha inquirido acerca de un expediente relativo a una sala de fiestas en una calle perpendicular a Fuencarral. Al parecer, se habrían negociado unos 15.000 euros para que esta funcionaria cambiara su informe a favor de la licencia, un extremo al que se ha opuesto.

"Lo informé con mis papeles. Yo era ciega cuando informaba. No conocía esas negociaciones. Por supuesto, no me las comunicó", ha afirmado en relación a las supuestas conversaciones entre Victoriano Ceballos, al frente del departamento de Evaluación Ambiental, y Antonio Sanz Escribano --ambos acusados en el juicio--.

TRÁMITES AMBIENTALES

Seguidamente, el fiscal le ha informado de que también se le acusa de dispensar varias veces el trámite de evaluación ambiental, afirmación que también ha negado. "Hace unos análisis un poco sorprendentes. Ni adelantábamos expedientes ni nos saltábamos trámites. Veíamos el ámbito de aplicación en la Ley, en los que había apartados genéricos. Intentábamos ver que se adaptara. Entiendo que mis informes eran ajustados a Derecho y hoy los haría igual. Gracias a este procedimiento mejor redactados. Pero los mantengo", ha aseverado con tono firme.

Sin que le temblara la voz, ha echado en cara al fiscal que en muchos casos le imputa hasta un año de cárcel por una colocación mal de una coma. "No vaya al detalle", le ha pedido en varias ocasiones, emplazándole que valore todo en aplicación de las entonces leyes vigentes.

CEBALLOS, UN CHARLATÁN

A continuación, ha comparecido Ángeles León, quien de igual modo ha declarado su inocencia y ha afirmado que los hechos de los que le acusa son inciertos. Así, ha explicado que si figura era protocolaria mientras no estaba Joaquín Fernández de Castro, el responsable del departamento de Evaluación Ambiental.

De este modo, ha negado conocer conversaciones entre Ceballos y un empresario, indicando que simplemente puso su firma en el expediente. "No entraba en eso. Era una firma solamente protocolaria en ausencia de Fernández de Castro", ha aseverado al fiscal. "Era bromista, charlatán y muchas veces hablaba por hablar", ha dicho sobre Ceballos, quien en su declaración admitió que hablaba en broma con empresarios sobre dinero.