Declara que el acoso se inició cuando se opuso a retirar multas a amigos o a no denunciar a determinados locales de ocio
MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
La exjefa de la Policía local de Galapagar Dolores A.L. ha ratificado en el juicio que sufrió presiones y humillaciones a manos del exedil de Seguridad Pedro H.R. desde el momento que se opuso a cumplir sus imposiciones en las que le ordenaba retirar multas a amigos o no denunciar a determinados locales de ocio.
Así lo ha señalado en el juicio que arrancó ayer en la Audiencia Provincial de Madrid contra el exconcejal y el el exjefe de la Policía local de Galapagar Jesús S.G. por prevaricación y un delito contra la integridad moral.
El Ministerio Público solicita para cada uno de ellos la pena de un año y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Los acusados negaron ayer los hechos que se le imputan.
Sin embargo, Dolores A.L. ha relatado que desde que se le designó como sargento jefe en octubre de 2008 el exconcejal comenzó a presionarla al negarse a cumplir las órdenes que éste le imponía.
"Quería que no denunciara a los locales de ocio porque él era el concejal de Comercio", ha destacado la víctima, cuyo relato es confirmado por varios compañeros pertenecientes a la Policía Local de Galapagar.
Otra de las agentes que sufrió supuestamente acoso laboral ha relatado que desde el mismo día que llegó a su cargo Jesús S.G., que sustituyó a Dolores tras ser cesada, éste no paró de acosarla laboralmente. "Me quiso cambiar el turno y al negarme me amenazó con que o iba con él o en contra suya. Cuando volví de la baja pase de tramitar los documentos a tener que salir a la calle", ha contado.
HECHOS JUZGADOS
Según el fiscal, Pedro H.R., en su condición de concejal de Seguridad, y Jesús S.G., en la de Jefe de la Policía Local del mismo municipio, al menos desde marzo de 2009 y hasta febrero de 2010 realizaron determinadas y reiteradas actuaciones encaminadas a menoscabar la integridad física de dos mujeres, agentes policiales de la localidad.
Así, mantenían en todo momento un continuo comportamiento despectivo hacia ellas, al utilizar motes para referirse a las mismas, solicitándoles informes arbitrarios y obligándoles a realizar servicios en determinados lugares inapropiados o funciones no acordes con su antigüedad.
Además, controlaban, ridiculizaban y criticaban sus intervenciones delante de otros compañeros, les denegaban la concesión de horas libres de cambios de turno, vetando su promoción profesional y amenazándoles continuamente con la incoación de expedientes disciplinarios sin justificación.
Los procesados obligaron, además, a las agentes a realizar numerosas actuaciones irregulares o directamente ajenas a la legalidad, exigiendo, por ejemplo, que retiraran multas y sanciones a personas influyentes de la localidad.
Como consecuencia de esta situación de presión sostenida en el tiempo, las dos agentes sufrieron graves disfunciones en el ejercicio de su profesión que desembocó en una situación de baja laboral de ambas.