El exjefe policial de Coslada asegura que cobró casi un millón de euros en sus veinte años de servicio

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exjefe policial de Coslada y principal acusado en la presunta trama en el Cuerpo del municipio, Ginés Jiménez Buendía, ha asegurado que en sus 22 años de servicio, entre 1986 y 2008, llegó a cobrar unos 980.000 euros entre salario base y pagas extras.

Así lo ha afirmado Ginés Jiménez a preguntas de su letrado y en relación a la acusación de un presunto delito de blanqueo de capitales, del que también están acusados su mujer y su hijo como colaboradores, y que fue archivado anteriormente en un par de ocasiones.

El exjefe policial, que ha extendido su declaración durante casi cinco horas en dos períodos durante este jueves, ha retomado sus argumentos contra la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional. A éstos, y en concreto al jefe de la Comisaría de Coslada, a un policía local "frustrado" con él, ha culpado de su incriminación en la presunta trama y del desarrollo de la misma.

"Lo he dicho 50 veces en diez años: estoy en el banquillo por esas personas, esto es una vendetta personal", ha afirmado rotundamente el exjefe policial, detallando que había un "enfrentamiento visceral" entre la Policía Nacional y la Policía Local del municipio madrileño.

Existía tal desencuentro, siempre según el acusado, "hasta el punto que asesoraban a los detenidos para que denunciaran a los agentes locales". "Cavé mi propia tumba cuando denuncié estos hechos en 2007 ante la Fiscalía de Alcalá de Henares. Tuvieron que declarar cuatro policías nacionales. El comisario no me lo perdonó nunca", ha llegado a asegurar el acusado.

La situación fue escalando poco a poco e incluso el exjefe policial de Coslada sostiene que agentes de la Policía Nacional seguían a subordinados suyos para tener localizados sus movimientos. La gota que habría colmado el vaso fue la detención de un policía local que fue retenido en un calabozo aún con el uniforme de agente: "Eso fue lo último, ahí denuncié lo que ocurría por escrito y realicé la famosa llamada a la magistrada decana de Coslada".

En esta supuesta conversación, como ya relató en su momento el letrado defensor de Ginés Jiménez, la jueza habría reconocido que hubo una persecución de la Policía Nacional contra su persona. La llamada fue grabada pero cuando se requirió no fue encontrada. Entonces, pidió a la central de la empresa Sitel, situada en Dinamarca que aportara la grabación o, al menos, que confirmara la existencia de la misma y su duración: unos 13 minutos.

Con respecto a las inspecciones y licencias de locales, el acusado ha defendido que la Policía Nacional decía a los propietarios que no hicieran caso a los agentes municipales, realizando en alguna ocasión incluso las inspecciones por su cuenta, "algo que está manifiestamente fuera de sus funciones".

Además, ha añadido que el Cuerpo Nacional habilitó un teléfono para que los responsables de los locales denunciaran posibles desencuentros con Ginés o cualquier otro policía local. "Llegaron a filtrar a la prensa que iba a ser detenido en mayo de 2008, había un montón de medios en Coslada antes de que supiera que iba a ser detenido", ha concluido.

CATALIN

Tras la declaración del exmando policial, ha sido el turno de Catalin A., al que la Fiscalía acusa de desarrollar el control de la prostitución en el Polígono Industrial de Vicálvaro y la explotación de esas mujeres. Tras esto, el Ministerio Público asegura que solicitaban el pago de una cantidad económica para permitirles realizar la prostitución, ofreciéndole la protección de los agentes de la Policía Local de Coslada como prebenda.

Catalin A., que solo ha respondido a preguntas de su abogada defensora, ha negado que las coaccionara o que les reclamara dinero, y ha afirmado que la única vez que habló con Carlos M. --acusado de proporcionar esa protección a cambio de servicios sexuales-- fue cuando el agente le preguntó si estaba amenazando a alguna chica.

"Nunca les dije que se acostaran con los policías locales, tampoco que les ofreciera protección, de hecho me tenían especial manía porque me ponían multas por conducción temeraria y demás", ha sostenido este ciudadano rumano, quien ha rechazado las acusaciones de que realizara el control de la prostitución en Vicálvaro junto a otros dos paisanos, a quienes no se ha podido localizar para el acto del juicio.

Catalin, en sintonía con el resto de acusados, ha cargado contra la actuación de la UDYCO: "Me dijeron que declarara todo lo que sabía, que así me iría mejor en el procedimiento, pero yo les dije que desconocía de lo que hablaban".

Carlos M., por su parte, ha declarado esta mañana que no conocía a los otros dos rumanos, pero que sí a Catalin porque era "muy conflictivo". "Su mujer trabajaba en la prostitución pero nunca tuve un encuentro con ella", ha afirmado, un extremo confirmado por el propio acusado rumano.