MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La acusación particular en una de las causas en las que se investigan los protocolos de derivación ha solicitado al juez que las geriatras de los hospitales Ramón y Cajal y de la Fundación Jiménez Díaz testifiquen sobre el fallecimiento de ancianos en dos residencias de la capital en el inicio de la pandemia, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
El juez de Instrucción número 4 de Madrid investiga en este procedimiento a dos doctoras y a las directoras de una residencias privada de Arganzuela y otra pública de San Blas a instancias de dos querellas interpuestas por familiares de ancianos fallecidos durante la primera ola del Covid.
El pasado jueves, compareció ante el magistrado el exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero y la que fuera en aquella época directora de Salud Pública Yolanda Fuentes.
Sendos exaltos cargos ratificaron que los protocolos existieron y que se aplicaron en las residencias, siendo los geriatras de los hospitales los encargados de autorizar los traslados de ancianos a centros hospitalarios en base al nivel de dependencia y al nivel cognitivo.
"Esos protocolos suponían que unas personas con unas determinadas características no tuvieran esa posibilidad de recibir asistencia hospitalaria", manifestó entonces el exconsejero responsable de las residencias.
El magistrado tenía previsto interrogar al exdirector general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, pero no lo hizo al no ser notificado debido a que reside en Andorra.
El abogado de los querellantes, el letrado Andrés Ollero, ha solicitado al magistrado que Carlos Mur declare como testigo y que comparezcan con esa misma condición las geriatras de los hospitales Ramón y Cajal y de la Jiménez Díaz.