Fiscal del Guateque sitúa a los acusados dentro del "fenómeno de corrupción urbanística" en Ayuntamiento con Gallardón

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fiscal del 'caso Guateque', César Estirado, ha expuesto este martes su informe de conclusiones definitivas respecto a los acusados, a quienes ha situado dentro del "fenómeno de corrupción urbanística" que había aquellos años en el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

A lo largo de la mañana, el representante de la Fiscalía de Madrid ha detallado las pruebas de cargo con las que cuenta para sustentar las futuras condenas respecto a los treinta acusados. En su anuncio de conclusiones, rebajó la pena a cuatro de los procesados tras alcanzar un acuerdo de conformidad ante el reconocimiento de los hechos.

Bajo la atenta mirada de los acusados, ha pormenorizado la prueba que existe respecto a las ilegalidades hechas sobre numerosos expedientes y ha hablado sobre la normativa concreta aplicable en cada uno de ellos, exponiendo jurisprudencia relacionada con corrupción urbanística.

El nombre que más ha sonado en su extenso informe ha sido el del exjefe de la División de Impacto Ambiental Victoriano Ceballos, considerado el cabecilla de la supuesta red corrupta de licencias exprés.

"Se decía que como Ceballos se iba a jubilar se estaba haciendo una caja", ha manifestado el fiscal en una de sus alusiones al acusado.
Así, ha ido enumerando las conversaciones en las que se dejaba clara "la connivencia delictiva" entre Ceballos y el empresario Antonio Sans Escribano, considerado intermediario entre los funcionarios y los empresarios.

También ha acreditado "los chanchullos" que había con otros funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, citando casos de irregularidades en los expedientes de la clínica Ruber y de Seguros Ocaso. Y ha hablado de "planes de sobornos" confirmados por empresarios que luego denunciaron la trama.

PENAS SOLICITADAS A los principales cabecillas de la supuesta trama de licencias exprés se les mantuvo la pena la semana pasada. Así, el fiscal solicitó una condena de catorce años de cárcel para el exjefe de División municipal de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente, Victoriano Ceballos, y once años de prisión para su superior, Joaquín Fernández Castro.

Las rebajas de las penas se producen respecto a los acusados Sara López, exfuncionaria de la Junta de Distrito de San Blas y quien se enfrentaba a cuatro años y medio de cárcel; Juan A.Montesinos Rico, ex funcionario de la Junta de Chamberí y que afrontaba una pena inicial de dos años y seis meses; Julián Félix Serrano Sierra, empresario al que se pedían trece años y medio; y Salvador José del Campo García, empresario que se enfrentaba a 10 años de prisión.

Fuentes jurídicas han indicado que se bajan las penas tras alcanzar un acuerdo de conformidad ante el reconocimiento de los hechos de los que se les acusa.

Tras confesar en su declaración que cobró 2.500 euros por influir a favor de adelantar la licencia de un local, el fiscal ha rebajado la pena a Sara López a un año de cárcel y multa de 1.200 euros por cohecho y trafico de influencias. Le aplica ahora las atenuantes de confesión y reparación del daño.

A Montesinos le rebaja hasta dos años de cárcel por un delito de cohecho, mientras que a Felix Serrano a 12 meses por cohecho, falsedad y delitos contra el patrimonio, aplicándole también la atenuante muy cualificada por confesión. A José del Campo le reduce la petición de condena a 16 meses de prisión