Archivo - Audiencia Provincial de Madrid. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo
MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El fiscal ha mantenido este martes la petición de siete años de cárcel en el juicio que se celebra contra una acusada de estafar a una anciana con discapacidad sensorial para quedarse con su casa y dinero al considerar que está acreditado que se trató de "una operación defraudatoria de alto nivel".
El juicio ha quedado este martes visto para sentencia después de los informes de las partes. La acusación particular, que representa a la afectada, ha solicitado que se condene a la procesada a ocho años de prisión por un delito continuado de estafa.
El fiscal solicita para la procesada siete años de prisión al considerar que estafó de forma continuada a la víctima para quedarse con su vivienda y con su dinero tras entablar una "fingida" amistad durante cinco meses.
Según el fiscal, la acusada aprovechó la vulnerabilidad de su víctima para aparentar conocimientos de esteticista y cosmética, así como contactos con familiares en laboratorios farmacéuticos con importantes ensayos clínicos. La acusada fue ofreciéndola su ayuda para la realización de todos los trámites que en sus asuntos patrimoniales pudiera necesitar.
En su declaración, la mujer con ayuda de un interprete de signos negó los hechos que le imputan, afirmando que la mujer le regaló el piso por la ayuda que le daba si bien después la mujer le pidió que se lo devolviera por sorpresa, algo que no entendió.
Además, negó que le pidiera 80.000 euros para cuatro inyecciones contra las cefaleas, así como que le recomendase tratamientos estéticos por los que le reclamaba dinero.
Por su parte, la víctima afirmó que la acusada nunca le ayudó en nada, aparentando que tenía conocimientos en estética. "Solo me sacaba dinero", ha denunciado. Según señaló, le entregó 80.000 euros por unas inyecciones que no valían para nada.
Al parecer, la procesada le pidió que le dejara su piso para su hijo durante dos años, a lo que ésta accedió. "Me manipuló para no devolverme el piso e hizo una donación sin saber yo qué era", trasladó.
HECHOS JUZGADOS
Según el escrito de acusación, entre los meses de julio y noviembre de 2018 A. F. N. entabló una "fingida" relación de amistad con C. P. B. una mujer de 72 años con dictamen de discapacidad de la Consejería de Asuntos Sociales, del 67%, con sordomudez por pérdida neurosensorial de oído de etiología congénita y trastorno de la afectividad por trastorno depresivo recurrente de etiología psicógena.
Gracias a esa relación la acusada aprovechó la vulnerabilidad de su víctima para aparentar conocimientos de esteticista y cosmética, así como contactos con familiares en laboratorios farmacéuticos con importantes ensayos clínicos.
Poco a poco fue engatusando a C. P. B. con tratamientos de estética al tiempo que le comentaba que ya era como de su familia, "y ofreciéndole su ayuda para la realización de todos los trámites que en sus asuntos patrimoniales pudiera necesitar".
Tras conocer la acusada que su víctima había vendido un inmueble por un importe de 325.000 euros quiso apropiarse del dinero. Para ello se aprovechó de las cefaleas persistentes que padecía, C. P. B. para atemorizarla.
Y es que en algunas ocasiones le decía que podría ser cáncer y en otras un ictus para luego proponerle un tratamiento de inyecciones que la podría conseguir a través de un familiar, "de un experimento clínico milagroso", que llevaban componentes de serpiente que curaban el cáncer y otras enfermedades.
La acusada explicó a su víctima que los elevados importes que debía abonar (80.000 euros) eran en parte para sufragar la investigación y que una vez obtenida la legalización del medicamento obtendría beneficios.
Posteriormente, durante los meses de verano de 2018 A. F. N. urdió un nuevo plan para quedarse con la casa de C. P. B. Lo primero que hizo fue presionarla para que le dejara la vivienda a su hijo durante un año porque iba a cursar estudios en un Instituto muy cerca de su domicilio en Tetuán y ellos residían en Getafe, asegurándole que se lo devolverían transcurrido ese tiempo.
Tal fue la instancia de la acusada que la final logró su objetivo no sin antes exigirle a la víctima la entrega de la escritura de la vivienda y 47.500 euros para su tramitación en una gestoría.
La víctima realizó una transferencia a la cuenta de la gestoría en concepto "provisión de fondos donación de vivienda" y días más tarde acudió con la acusada a una notaría de San Fernando de Henares donde suscribió a su favor una escritura de donación por lo que luego le solicitó otros 60.000 euros para revertir la supuesta autorización que la cedía del uso de su vivienda.
La acusada, "con argucias que resultaban inveraces", fue desposeyendo a C. P. B. de sus bienes y dinero, pasando en los meses de julio a noviembre de 2018 de tener en su cuenta una cantidad aproximada de 300.000 euros a disponer de solo 2.000 euros. Además, la víctima tuvo que residir en el domicilio de su hermana, por la ilícita transmisión de su vivienda obtenida en fraude por la acusada.