El fiscal pide 10 años de inhabilitación para un alto cargo del Ayuntamiento por un derribo en la Cañada

Asegura que la comunicación de abandono de la vivienda era "absolutamente falaz" y se usó como "base fraudulenta"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) - La Fiscalía de Madrid solicita diez años de inhabilitación para un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en relación al derribo ilegal en julio de 2022 de una vivienda en la Cañada Real.

La jueza que instruyó la causa dictó el pasado mes de junio el auto por el que acordaba continuar las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, por si los hechos imputados al jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, Julio César S. G., y al excomisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Markel G. P., fueran constitutivos de un delito de prevaricación.

En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press y ha adelantado el 'elDiario.es', el fiscal acusa a los dos investigados por un delito de prevaricación administrativa y solicita para ellos la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público relativo a urbanismo por 10 años.

En el relato de los hechos, el fiscal expone que de la orden de demolición "no se informó de ningún modo al afectado, ni a su defensa legal, ni se le dio trámite de audiencia, ni se esperó siquiera a la notificación de la resolución de su previo recurso de reposición contra la orden de desalojo".

"La comunicación de abandono de la vivienda de autos era absolutamente falaz, como se desprendía del propio procedimiento hasta entonces tramitado, y se utilizó exclusivamente como base fraudulenta para apartarse del procedimiento legal de demolición de la vivienda, y posibilitar su ejecución directa por el Comisionado de la CAM, a espaldas del afectado, mediante una orden irregular dirigida por el Ayuntamiento al propio Comisionado", recoge el fallo.

Hace ya un año, el jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid reconoció ante el juez que comunicó una información errónea y que se procedió a la demolición sin más consultas.

La jueza investigó este derribo a instancias de una denuncia de CAES --Centro de Asesoría y Estudios Sociales-- por la presunta comisión de delitos de allanamiento de morada, daños, contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y prevaricación, entre otros.

La abogada Alejandra Jacinto, de CAES, ha destacado en declaraciones a Europa Press que esta petición de la Fiscalía debe servir para "tomar nota de que demoler sin orden judicial viviendas, aunque estén en la Cañada, es ilegal".

CAMPAÑA DE ACASO A LOS VECINOS

Según CAES, este derribo se llevó a cabo en el marco de toda "una campaña orquestada por las Administraciones públicas de acoso y derribo a los vecinos y residentes históricos de la Cañada Real", una campaña cuyo principal hito fue el corte de luz a los Sectores V y VI en octubre de 2020, y que busca expulsar a los residentes de esta zona en beneficio de los desarrollos urbanísticos del sureste".

En el auto, la jueza recalcaba que "las incongruencias y contradicciones entre lo declarado por los investigados, y lo contrastado en la documentación obrante, son más que evidentes y hacen patentes unos indicios de criminalidad, que justifican plenamente esta resolución".

La acusación particular señala que "en cuestión de apenas 24 horas desde la comunicación del supuesto abandono y sin llevar a cabo ni la más mínima comprobación sobre el estado de la vivienda y de su procedimiento administrativo, el Jefe de Disciplina Urbanística (que conocía perfectamente la existencia de un expediente recién iniciado y recurrido, pues él mismo era el instructor de dicho procedimiento) autorizó el derribo, que se ejecutó automáticamente el 19 de julio, apenas 5 días desde la declaración de supuesto abandono".

Según CAES, en ese momento el vecino se encontraba de vacaciones fuera de su vivienda desde hacía apenas una semana, y había presentado alegaciones en el procedimiento administrativo justificando y probando que la vivienda era su domicilio apenas un mes antes.

EL AFECTADO, DE VIAJE EN MARRUECOS

El denunciante es un ciudadano de nacionalidad marroquí que reside desde hace décadas en España con permiso de trabajo de larga duración, habiendo establecido su domicilio desde 2004 en la parcela 203 del Sector 6 de la Cañada Real Galiana.

Se trataba de una vivienda de más de 20 años de antigüedad, estando en situación similar a otro grupo de casas antiguas en el Sector 6 de Cañada Real que no han optado al proceso realojo que se lleva a cabo en la zona y que consideran que deben ser reconocidos en sus derechos adquiridos tras una habitación prolongada desde hace décadas.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de su departamento de disciplina urbanística, abrió un expediente por construcción sin licencia, igual que a otras muchas viviendas de la zona. Frente a ello, el denunciante presentó alegaciones y un recurso ante la orden demolición.

Según la denuncia, este expediente administrativo, en ningún caso podía desembocar en derribo de la vivienda sin haber concluido y sin haberse elaborado un presupuesto de demolición previa.

Pese a ello, se procedió a la demolición el 19 de julio de 2022 cuando el denunciante se encontraba de viaje en Marruecos. Algunos vecinos le informaron por teléfono que su vivienda estaba siendo demolida por un grupo de operarios mediante una excavadora.

Al parecer derribaron también una nave colindante e intentaron también derribar las construcciones de huerto de la parcela 205 lo que no pudieron hacer por la oposición de su dueño que informó de que había abierto un expediente en disciplina urbanística.