Fiscalía acusa a un edil del PP en Alcalá de prevaricación ambiental por permitir una estación de autobús sin licencia

También acusa a un exedil popular que ocupó el área de Movilidad y Medio Ambiente por permitir su funcionamiento pese a los ruidos que generaba

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del área de Alcalá de Henares ha formulado acusación contra el edil del PP en el Consistorio de la localidad Marcelo Isoldi y al exedil de la formación Francisco Javier Hernández por presunto delito de prevaricación medioambiental por permitir que una estación de autobuses de la localidad funcionara sin licencia.

La acusación y la solicitud de apertura de juicio oral contra ambos se realiza después de la denuncia de varios vecinos por los constantes ruidos provocados y vibraciones por la actividad de la parada de autobús.

En su escrito de acusación dirigido al Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares, al que ha tenido acceso Europa Press y adelantado por el diario El País, el Ministerio Público solicita una pena de un año y nueve meses de prisión, con inhabilitación para el desempeño de cargo público durante ocho años.

Ambos fueron concejales del área de Movilidad y Medio Ambiente en anteriores equipos de Gobierno en la localidad y la Fiscalía considera que permitieron que la estación de autobuses situada en la calle Brihuega sin licencia de actividad y funcionamiento.

La Fiscalía asegura que la única licencia que contaba la instalación era la de "despacho de billete, sala de espera, cafetería y administración de autobuses" y que los acusados eran "perfectamente conocedores" de la situación de carácter provisional de la estación desde el año 1990.

En este sentido, se alude a la constantes denuncias y quejas de los vecinos desde el año 2005 por las molestias, ruidos y vibraciones provocados, formalizadas ante Policía Local, el Ayuntamiento, el Consorcio Regional de Transportes e incluso el Defensor del Pueblo.

El Ministerio Público considera que se ha omitido la labor de inspección, vigilancia y control ambiental que fija la legislación de Evaluación Ambiental.

La Fiscalía cree que ambos omitieron "de forma consciente sus obligaciones, los acusados permitieron que la estación funcionara durante las 24 horas de actividad ininterrumpida sin respetar los límites de inmisión de ruidos" previsto en la ley de evaluación y gestión de ruido ambiental.

Además, subraya que los niveles de ruido eran muy superiores a los límites establecidos en la ordenanza municipal y que se sobrepasaban los umbrales fijados en mañana, tarde y noche.

"Durante todo ese tiempo y hasta el definitivo traslado de la estación de autobuses a su nueva ubicación en marzo de 2015, los vecinos padecieron la contaminación y los ruidos descritos por la parada de autobús en la calle Brihuega, de día y de noche todos los días de la semana, haciendo parada en periodo de mañana hasta 152 autobuses al día, hasta 49 autobuses en periodo de tarde y hasta 30 autobuses en periodo nocturno, manteniéndose con los motores al ralentí de forma sistemática durante un largo periodo de tiempo", expone el escrito de acusación contra Isoldi y Javier Fernández.

Por tanto, la Fiscalía les acusa de presunto delito de prevaricación ambiental y pide indemnizar a los vecinos afectados por perjuicio moral y daños en sus viviendas.