La Fiscalía pide 186 años para miembros de una red que traía mujeres desde Nigeria para explotarlas sexualmente

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita un total de 186 años de cárcel para los nueve miembros de una banda que se dedicaba a captar y a explotar sexualmente a mujeres traídas de Nigeria con el falso pretexto de ofrecerles un trabajo de empleadas de hogar o cuidadora para, una vez en nuestro país, obligarlas a ejercer la prostitución.

El juicio contra los acusados se celebrará desde este lunes, 6 de noviembre, en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid a partir de las 10.30 horas.

De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, Osaro J.B., para quien el fiscal reclama 46 años y seis meses de prisión, se dedicaba desde 1998 a captar mujeres jóvenes desde en Nigeria y en 2009 contactó a través de uno de sus colaboradores con una chica que buscaba la forma de salir de la precaria situación económica en la que convivía con sus padres y nueve hermanos. El acusado le ofreció ayuda para venir a España a estudiar y poder trabajar mientras tanto como azafata o camarera.

Antes de llegar a España, la mujer entregó su pasaporte al acusado y, una vez en Madrid, fue trasladada a un domicilio de la calle Pavones donde se encontraba la pareja del acusado, Amenze V.O., para quien el fiscal reclama 43 años y seis meses de prisión, junto con otras jóvenes en la misma situación que esta chica.

En el domicilio, fue informada por Amenze de las condiciones reales de su estancia: le retiraron el pasaporte, el teléfono y la agenda y le prohibieron contactar con su familia salvo que fuera delante de su presencia y con el dispositivo manos libres activado.

Tras ser golpeada, le hicieron creer a raíz de un ritual de vudú que si no cumplía con sus exigencias podría morir ella o alguien de su familia. A continuación, le informaron de que había contraído una deuda de 50.000 euros por sus gastos de desplazamiento a España y que para saldar dicha deuda tenía que trabajar ejerciendo la prostitución.

OBLIGADAS A PROSTITUIRSE

Kingsley O., que se enfrenta a una pena de 37 años y dos meses de prisión, instruyó a la chica sobre el relato que tenía que contar en la Oficina de asilo para conseguir la correspondiente tarjeta y regularizar así su situación. Ya con la tarjeta de asilo, Amenze V. viajó con la testigo protegida a Lucena (Córdoba) para que ejerciera la prostitución en el club 'Los Santos'.

La mujer se vio obligada a trabajar todos los días de la semana, desde las 17 horas a las 4 horas de la mañana y, además, tenía que pagar al club una cantidad diaria de dinero en concepto de estancia y mil euros semanales a Osaro.

Durante dos años la chica se vio obligada a prostituirse alternando con otro club de La Carlota (Córdoba), llegando a saldar con creces la supuesta deuda de 50.000 euros. Como consecuencia de estos hechos se ha visto afectada psicológicamente "con afecciones de sueños, conductas de evitación, sentimientos de temor, irritabilidad y distanciamiento afectivo".

El caso de las otras tres chicas es prácticamente similar, salvo en el caso de que una de ellas era menor cuando ocurrieron los hechos. Todas ellas prestaron servicios sexuales a cambio de dinero en el club 'Los Santos', cuyo titular es la Sociedad Lualca 2009 S.L., y su administrador único y titular del capital social era José María M.B.

Con este, según el fiscal, colaboraban de forma directa otros tres acusados: Ángel So.A., Antonio C.T. y José Antonio R. Para todos ellos el Ministerio Público reclama dos años de prisión por el delito de explotación lucrativa de la prostitución.

Las otras personas que se sentarán en el banquillo de los acusados son Friday E., encargado de llevar en coche a las víctimas al club donde eran obligadas a prostituirse o de abrir cuentas bancarias para recibir los ingresos de sus víctimas, y Kate J.O., encargada de atemorizar a las víctimas con represalias hacia sus familias si no cumplían las órdenes dadas. Para cada uno de ellos la Fiscalía solicita 37 y 15 años de prisión, respectivamente.

La Fiscalía solicita también en su informe las correspondientes multas derivadas de las atribuciones penales a cada uno de los procesados, la clausura definitiva de los establecimientos 'Los Santos', 'Montserrat' y 'Los Ángeles', así como la libertad vigilada durante cinco años para cada uno de los procesados una vez expire la condena.

Además, se pide que la indemnización a una chica por 56.000 euros; a otra con 35.000 euros; a las dos últimas con 11.500.