Un policía en la puerta de las instalaciones donde se está llevando a cabo la obra en el polígono de La Cantueña, a 5 de junio de 2024, en Fuenlabrada, Madrid (España).
Un policía en la puerta de las instalaciones donde se está llevando a cabo la obra en el polígono de La Cantueña, a 5 de junio de 2024, en Fuenlabrada, Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press
Actualizado: miércoles, 12 junio 2024 15:32

Ve injustificada la "urgencia" de las obras

FUENLABRADA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha presentado alegaciones a las medidas cautelarísimas acordadas por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid que autorizaban las obras para el centro para menores migrantes no acompañados de La Cantueña.

Fuentes municipales han detallado que las alegaciones se basan, por un lado, en el hecho de que "existe un expediente para la reversión del espacio, lo que recomendaría la paralización de las obras hasta que quede clara la titularidad de los terrenos y del inmueble de La Cantueña".

Por otro lado, el escrito del Consistorio cuestiona la "urgencia de dichas obras alegada por la Comunidad de Madrid", ya que la Administración regional "no ha acreditado en ningún momento fechas concretas para respaldar dicha urgencia y se basa solamente en ideas y pronósticos hipotéticos".

Las alegaciones indican que la actuación del Gobierno regional es "un abuso de derecho" que se realiza "a sabiendas de que se encuentra viciada de una eventual vulneración del ordenamiento y del Convenio" de cesión del espacio.

Queda acreditado, según el escrito, que la Comunidad "es consciente de que su actuación es ilícita" y "solo pretende generar un perjuicio al propio Consistorio", que, en caso de se lleven a cabo las obras, podría ver "reintegrado a su patrimonio una serie de inmuebles modificados y no acordes a la propia normativa urbanística, y que nada tienen que ver con los inicialmente cedidos, debiendo por tanto o bien reclamar a la Comunidad de Madrid la restitución o bien utilizar sus propios recursos para paliar una actuación fundad en la mala fe de la administración autonómica".

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