El Gobierno acepta limitar las subidas abusivas de los alquileres y permitirá a los ayuntamientos controlarlas

Se compromete a incrementar en un 38% el presupuesto en vivienda y a aumentar a 20.000 las viviendas en alquiler a precios asequibles

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno se ha comprometido a modificar en 2019 la normativa del mercado del alquiler inmobiliario "para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas" que se consideren "tensionadas", y permitirá a los ayuntamientos controlarlas, tal y como le había pedido Unidos Podemos, como requisito indispensable para cerrar el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.

En las cuentas se incluye también un aumento del 38% del presupuesto para vivienda. Así consta en el documento de 50 páginas que han firmado este jueves a primera hora en La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y al que ha tenido acceso Europa Press.

El acuerdo incluye como tercer punto las medidas relativas a vivienda, destinadas a "blindar su función social y evitar la especulación" y, entre ellas, figura la de dar a los Ayuntamientos la capacidad de intervenir en el mercado de alquiler para limitar precios, a través de los proyectos normativos necesarios que el Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo en 2019.

LOS AYUNTAMIENTOS REGULARÁN LOS PRECIOS

En concreto, el compromiso pasa por permitir que los Ayuntamientos puedan "declarar, temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda".

Para ello, la reforma legislativa habilitará a los Ayuntamientos para la elaboración de un índice de precios de alquiler de referencia de acuerdo a una metodología objetiva y sujetos a revisión periódica.

Según se recalca en el acuerdo, "el objetivo de los índices de referencia es que los Ayuntamientos y/o CCAA que así lo consideren puedan regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler".

El Gobierno también se ha comprometido a "ampliar progresivamente el presupuesto actual en materia de Vivienda consignando en 2019 630 millones de euros (un aumento del 38%), 700 en 2020 y 1.000 en 2021. "En 10 años España debería invertir el 1-1'5% del PIB", añaden.

Además, el Ejecutivo ha acordado con Podemos aumentar en 20.000 el número de viviendas en alquiler a precios asequibles, mediante un plan a cuatro años, y elaborar en 2019 una normativa que establezca "el carácter estrictamente social de la vivienda de protección pública", que garantice "su explotación únicamente para alquiler de personas particularmente vulnerables, evitando que sean vendidas o explotadas por fondos buitre e impidiendo que sean enajenadas con un beneficio".

Este nuevo Plan Estatal de Vivienda contemplará asimismo la creación de "una línea de financiación para que las CC.AA. que así lo han regulado puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas". "También contendrá ayudas a las AA.PP. para la adquisición de vivienda ya construida", añaden.

También "se establecerá un programa de financiación para rehabilitación de vivienda destinada al alquiler, incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles", y "se elaborará un Plan de actuación de SAREB para garantizar la firma de convenios con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales".

Según el acuerdo, el Gobierno diseñará además un marco legal que defina la vivienda vacía y al gran "tenedor de vivienda", y ponga a disposición de las CCAA y los municipios distintas herramientas tanto para su detección y diagnóstico.

POSIBLES SANCIONES PARA LOS GRANDES TENEDORES

Esta reforma irá acompañada de una "política específica" que permita establecer en los distintos supuestos del fenómeno las medidas más adecuadas, entre las que podrían incluirse sanciones a los grandes tenedores "para movilizar vivienda vacía".

Es decir, el Gobierno se compromete, como pedía Podemos, a crear "un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a preciorazonables".

Por último, este apartado para "incrementar el número de viviendas en alquiler a precios asequibles y evitar la burbuja especulativa" incluye el compromiso del Ejecutivo de impulsar "la aprobación parlamentaria de la normativa que refuerce la protección de las personas hipotecadas, latransparencia de las condiciones de contratación y sus implicaciones y se reforzará la atención a coordinación entre los órganos judiciales y la política social".

"Se establecerá un informe obligatorio a los servicios de bienestar social en caso de desahucio para que las administraciones puedan ayudar a las familias afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional", añaden.

CONTRATOS DE ALQUILER MÁS LARGOS

Además, el Gobierno y Unidos Podemos han acordado una serie de medidas para modificar "la normativa del mercado de alquiler inmobiliario que afecta a la regulación de elementos contractuales como los plazos mínimos de arrendamiento, las prórrogas de contrato, las garantías o la revisión de renta".

Entre otras medidas, "se ampliará el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años, y se ampliará la prórroga tácita de uno a tres años para personas físicas" y, en el caso de que la parte arrendadora sea una persona jurídica, "serán 7 años de prórroga obligatoria y 3 de tácita".

El acuerdo incluye que "si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquel en el caso de personas físicas o siete años en personas jurídicas, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con seis meses de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante tres años más".

También "se establecerá que no se podrán pactar garantías adicionales a la fianza en metálico hasta un máximo de dos mensualidades de la renta", y quel os gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato irán a cargo del arrendador, en los supuestos en los que el arrendador sea una persona jurídica".

Asimismo, se acuerda "que el derecho del arrendador a recuperar la vivienda antes del plazo legalmente establecido deba estar recogido en el contrato de arrendamiento, de forma que se impulse la estabilidad para el arrendatario y se conozcan de forma transparente las condiciones del contrato".

Por último, "se incluirá la posibilidad de que las AAPP competentes ejerzan los derechos de tanteo y retracto cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble y cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo