El rechazo de PP, Cs y Vox tumbó en Pleno la propuesta socialista, apoyada por Más Madrid, para que se mantenga el reglamento
MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno municipal de PP y Cs ha dado el primer paso para derogar el reglamento del Observatorio de la Ciudad y lo hace con una consulta pública que ya está activa en Decide Madrid, abierta durante quince días.
Son seis las preguntas que plantea el Ejecutivo a la ciudadanía empezando por la opinión que le merece que el Observatorio "sea un órgano instrumental encargado de impulsar, de forma institucional, la evaluación de la gestión municipal para garantizar la rendición de cuentas".
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, respaldada por la concejala delegada de Transparencia y Participación Ciudadana, Silvia Saavedra, anunció en el último Pleno que pretenden reformará el Observatorio de la Ciudad tal y como está diseñado en este momento y que lo harán para que "se sepa cómo está cumpliendo el gobierno y su alcalde".
En esta línea va también la segunda de las preguntas de la consulta al preguntar a la ciudadanía si considera que su regulación actual permite realizar un seguimiento de la acción municipal y de sus políticas.
También quieren conocer la opinión de madrileños y madrileñas sobre cómo podrían mejorarse los sistemas de información para la rendición de cuentas y medidas para mejorar el acceso a los sistemas de información de la web municipal.
Otra de las preguntas es si consideran conveniente que exista un órgano que facilite a la ciudadanía la información sobre la ejecución del programa de gobierno y qué materias podrían ser puestas en conocimiento de la ciudadanía a través del Observatorio.
La consulta pública pasó por la última Junta de Gobierno, donde se le dio luz verde. Lo hizo después de que Villacís argumentara en el Pleno que existen otros mecanismos de participación, como los Foros Locales o Decide Madrid, que sí mantendrán.
MÁS MADRID Y PSOE NO PUDO MANTENER EL REGLAMENTO EN EL PLENO
El rechazo de PP, Cs y Vox tumbó en el Pleno de Cibeles la propuesta socialista, apoyada por Más Madrid, para que se mantenga el reglamento del Observatorio en su redacción actual, elaborada por el anterior Ejecutivo.
El edil socialista Pedro Barrero instó al Gobierno municipal a que "esté a la altura de países como Canadá, Bélgica o Irlanda", que cuentan con sistemas análogos en los que "se colabora y consensúan las políticas públicas". "Es una oportunidad que no pueden desaprovechar", por lo que ha reclamó más medios humanos y materiales para este Observatorio.
Villacís argumentó que quieren que el Observatorio de la Ciudad sea una herramienta de transparencia y no de participación, lo que le llevó a contrastar los 49 miembros de este órgano con los dos millones de residentes en Madrid.
El concejal de Vox Pedro Fernández rechazó el Observatorio porque están "en contra de los chiringuitos", lo que llevó al edil de Más Madrid Nacho Murgui a recordar que este Observatorio fue creado por el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, aunque luego fuera renovado por Ahora Madrid. "Deje de hacer oposición a la oposición porque no se solapa con otros elementos de participación", instaba Murgui al Ejecutivo de PP y Cs..
Murgui recordaba en Cibeles que existen figuras análogas en otros países, donde se han conseguido resolver cuestiones tan peliagudas como el aborto en Irlanda. "No sean reaccionarios y no cedan ante quienes quieren detener la democracia participativa no sea que vayamos a avanzar hacia la democracia orgánica", lanzaba dirigiéndose a la bancada de Vox.
EL REGLAMENTO DEL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD
Los votos de Ahora Madrid y PSOE sacaron adelante en el anterior mandato el reglamento del renovado Observatorio de la Ciudad, integrado por 49 ciudadanos y ciudadanas para "deliberar y alcanzar propuestas y soluciones de asuntos que requieren soluciones innovadoras y de consenso".
Los vecinos y vecinas fueron elegidos aleatoriamente de una muestra significativa de la ciudad por género, edad y distribución territorial para "enriquecer la perspectiva" de los concejales del Pleno. Se les invitó tras un sorteo para que participen en sesiones de un año de duración y contando con la ayuda de técnicos municipales, expertos, defensores de los distintos puntos de vista y con tiempo para deliberar y alcanzar soluciones de consenso.
Más de 600 personas contestaron a la primera carta enviada por el Ayuntamiento de Madrid mostrando su interés en formar parte del Observatorio de la Ciudad, lo que supuso duplicar el objetivo mínimo que se habían marcado desde el entonces Gobierno de Ahora Madrid, con Manuela Carmena a la cabeza.
Con el reglamento aprobado en la pasada legislatura con los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE, los vocales harían un seguimiento de la acción municipal y recomendaciones de mejora durante un mandato de un año, tiempo en el que el grupo abordaría y aportaría soluciones a temas clave para la vida de la ciudadanía madrileña. También podrían proponer la convocatoria de consultas a partir de las propuestas ciudadanas incluidas en la plataforma de participación Decide Madrid.
REUNIONES YA PROGRAMADAS
Los miembros del Observatorio se reunirían un mínimo de ocho sábados al año y recibirían dietas por su asistencia a las reuniones, un total de 65 euros, similar a la cantidad que se abona en los juicios con jurado popular y en las mesas electorales. La fecha de las reuniones ya estaban fijadas. Las próximas sesiones serían el 30 de noviembre, el 25 de enero de 2020, el 29 de febrero y el 20 de marzo.
El reglamento del Observatorio de la Ciudad de Madrid que ahora se pretende derogar nació inspirado en asambleas ciudadanas creadas en países como Canadá, Australia o Irlanda, donde se ha empleado este modelo de participación para solucionar temas complejos tras una reflexión colectiva profunda.
Así, en Irlanda el pasado mayo miles de irlandesas volaron de vuelta a su país para resolver la penalización del aborto, que era un asunto bloqueado hasta que el Parlamento convocó a 99 ciudadanos y ciudadanas para deliberar sobre el asunto. Lo mismo ocurrió en Austria con los residuos nucleares y en Canadá para ajustar una ley electoral no excesivamente representativa.
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