El Gobierno ve contraria a la Constitución la iniciativa de Cs para proteger a funcionarios denunciantes de corrupción

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública ha emitido un informe sobre la Proposición de Ley que Ciudadanos llevará al pleno de este jueves para proteger a los funcionarios denunciantes de corrupción donde señala que algunas de las medidas contempladas en la iniciativa legislativa son "contrarias al orden constitucional de competencias".

La Proposición de Ley tiene por objeto establecer "un marco de protección integral de los funcionarios de la Comunidad de Madrid que denuncien casos de corrupción" (lo que se conoce como la figura del whistleblower), así como "la creación de un Defensor de los denunciantes de corrupción al que se atribuye la tutela de los derechos que asisten a los funcionarios autonómicos madrileños que denuncien casos de corrupción", según el texto de la iniciativa.

Según el procedimiento previsto, presentada la denuncia, el Defensor de los funcionarios denunciantes de corrupción de la Comunidad de Madrid deberá dictar, en un plazo de quince días, resolución motivada sobre la inadmisión o admisión a trámite.

En caso de admisión a trámite, que comportará el reconocimiento de la condición de denunciante, acordará asimismo el inicio de un procedimiento de información reservada o bien directamente el traslado de la denuncia al Ministerio fiscal o al órgano administrativo competente para la incoación de un procedimiento sancionador.

El informe previo al debate en el Pleno de la propuesta, que ya ha sido rechazada en dos ocasiones por la Asamblea, primero en forma de resolución durante el debate sobre el estado de la región y luego en formato de Proposición No de Ley (PNL), analiza las cuestiones que tienen que ver con las competencias de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a la que se le ha solicitado su pronunciamiento.

En concreto, el informe hace referencia a las medidas de protección al funcionario denunciante de corrupción, que, según la propuesta de Cs, podrá solicitar al Defensor un traslado provisional o la concesión de un periodo de excedencia con derecho al mantenimiento de su retribución y computable a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación, en ambos casos con derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñan.

Estas medidas "irían más allá de lo preceptuado por la legislación básica en materia de función pública", según el informe, que precisa que con el traslado provisional (en el trámite de información reservada) y la reserva del puesto de trabajo podrían "lesionarse las expectativas de terceros que querrían acceder a los puestos ocupados provisionalmente tras dichos traslados".

Por otro lado, en cuanto a la excedencia con derecho al mantenimiento de la retribución, el informe señala que "el Tribunal Constitucional ha sido claro al disponer que el legislador autonómico no podrá alterar la configuración de una situación administrativa concreta.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha subrayado al respecto que el informe "no es vinculante para tumbar esta ley". "En caso de tener que modificar una serie de artículos o puntos de artículos de esta Ley se podrían hacer sin ningún problema en la ponencia, puesto que este jueves se toma en consideración la Ley y a partir de ahí se abre la ponencia de la ley con todos los grupos políticos precisamente para debatir sobre esa norma", ha agregado.

No obstante, tras señalar que las objeciones formuladas tienen que ver con la "pretendida excesiva amplitud de las medidas de protección que la Proposición de Ley plantea para los funcionarios denunciantes de corrupción", ha dicho que "precisamente esa amplia protección es la razón de ser de la ley", que "respeta los mínimos que marca la legislación estatal", a juicio del portavoz de Cs y "sin perjuicio de las mejoras que puedan introducirse en el texto en trámite parlamentario".

PP: "ES INCONSTITUCIONAL EN LA ESENCIA"

Para el portavoz del PP, Enrique Ossorio, "un funcionario tiene muchos medios para en una situación así poder actuar", y "el ordenamiento español es muy garantista".

"Por tanto, nosotros pensamos que no hay que crear órganos ante algo que no pensamos que haya ninguna alarma social entre los funcionarios", ha explicado, haciendo hincapié en que "es más gasto público crear órganos y puestos para muy poco sentido".

En cuanto al informe, ha destacado que indica que la propuesta es "inconstitucional" precisamente en su parte más importante, "no en pequeños detallitos sino en la esencia de la ley".

"Desde luego, nosotros votaremos en contra", ha avanzado, para agregar que "con los graves problemas de constitucionalidad que tiene", los otros grupos también voten en contra.

PSOE Y PODEMOS, A FAVOR DE LA TOMA EN CONSIDERACIÓN

El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha recordado que el PSOE se abstuvo en la votación de la PNL en la misma línea, pero ha afirmado que están "a favor de la toma en consideración de esta ley".

Gabilondo ha señalado que no es que su grupo haya cambiado de posición sino que las mismas razones que les llevaron a abstenerse soble la PNL, como la falta de definición de la iniciativa, son las que les llevan a votar a favor de la toma en consideración y tramitación de la Proposición de Ley.

A su juicio, las consideraciones del informe "hay que tomarlas en cuenta una vez se toma en consideración la propuesta".

La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, también ha manifestado que por parte de su grupo están "bastante dispuestos a votar a favor de la toma en consideración de esta ley", aunque ha agregado que todavía están analizándolo.