Greenpeace tilda de "incomprensible" la anulación de ZBE, critica "inseguridad jurídica" y piden a Almeida que recurra

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de movilidad de Greenpeace, Cristina Arjona, ha calificado de "incomprensible" la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital, ha criticado la "inseguridad juridica" que se crea con esta decisión y ha pedido al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que recurra.

"Para nosotros es una decisión incomprensible, aun más cuando estamos celebrando estos días la Semana de la Movilidad. Y además de incomprensible supone una situación de inseguridad jurídica que pone más obstáculos en el camino hacia la movilidad sostenible. La Zona de Baja Emisiones de Madrid ha demostrado que está funcionando y que es eficaz a pesar de que fue el propio (José Luis Martínez) Almeida quien suprimió Madrid Central", ha señalado, en un comunicado recogido por la organización.

Así, ha subrayado que la mayoría de estudios de movilidad muestran que "son las rentas altas las que más usan el coche, mientras que las bajas se mueven en transporte público".

"La sentencia no evalúa el posible efecto sobre la calidad del aire y la salud pública de anular tres zonas de bajas emisiones que han ayudado a reducir la contaminación en la ciudad", ha indicado la coordinadora, quien ha subrayado que en 2023, por segundo año consecutivo, Madrid mejoró los datos de contaminación del aire y logró cumplir con los límites europeos de dióxido de nitrógeno (NO2).

Considera que es una demostración más de la eficacia de esta medida que "es necesaria para proteger la salud de las personas y luchar contra el cambio climático".

Además, le ha pedido al alcalde que recurra esta decisión "sin demora" por la salud de las madrileñas y los madrileños porque el aire que se respira en la ciudad "no entiende de ideología".

Esta resolución aún no ha alcanzado firmeza y contra ella cabe la interposición del correspondiente recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la competente en asuntos de naturaleza contencioso-administrativo.