MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Santiago Caballero, ha pedido este martes "avanzar en las concienciación" para que se respeten, por parte de las víctimas, las medidas judiciales y policiales que se adoptan en función de su nivel de riesgo, entre ellas las órdenes de alejamiento.
"Se ha avanzado mucho en la denuncias y en que las víctimas saquen el problema de su ámbito íntimo, pero debemos avanzar en la concienciación de que las medidas que se adoptan en función de los niveles deben ser respetadas, y los servicios sociales cuando proporcionan ayuda deben insistir en concienciar a las víctimas de que cumplan dichas medidas".
Así lo ha manifestado Caballero en la rueda de prensa después de la Junta extraordinaria de Seguridad celebrada en Rivas para tratar el caso de Matilde, la mujer de 40 años que murió asesinada supuestamente por su expareja en Nochevieja en su casa. La mujer había presentado en noviembre una denuncia sobre maltrato, lo que motivó que un juez le impusiera una orden de alejamiento de la víctima. Sin embargo, según fuentes policiales, ambos convivían ocasionalmente.
El coronel ha explicado que la valoración del riesgo de una víctima lo elabora un sistema objetivo mediante el testimonio de la víctima y un cuestionario. Además, el agente que conoce el caso puede variar esta valoración, nunca para bajarla.
"En este caso hubo al principio riesgo no apreciado. Pero el detenido, cuando la víctima presentó la denuncia, fue puesto a disposición judicial al día siguiente por sus antecedentes y un juez dictó las medidas cautelares. Acordó orden de alojamiento a menos de 200 metros y prohibición de comunicarse. El agente encargado volvió a hacer una valoración del caso, elevando el nivel de riesgo indeterminado a bajo, lo que incluye unas medidas de protección", ha explicado.
DANCAUSA: "HAY QUE SEGUIR TRABAJANDO"
También se ha manifestado la delegada del Gobierno en Madrid, que ha participado en la Junta de Seguridad. Concepción Dancausa ha mostrado en primer lugar su "tristeza y lamento" por el asesinato de Matilde, además de dar el pésame a sus familiares.
A continuación, ha indicado que la sociedad ha avanzado en los últimos años, pero que "hay que seguir trabajando". "En la Junta Local hemos analizado el sistema VIOGEN para ver si realmente en este caso y en otros se les está prestando a las víctimas la protección necesaria. La Guardia Civil ha funcionado bien, el protocolo se ha seguido bien. Se he hecho una valoración del riesgo de esta mujer y se han aplicado las medidas de seguimiento periódicos", ha resumido.
En este punto la representante del Gobierno central en Madrid ha apuntado que el sistema de coordinación y seguridad ante casos de violencia de género VIOGEN está protegiendo actualmente a 6.991 mujeres en la región, 77 de ellas Rivas, ningún caso de riesgo alto o extremo en esta localidad. De hecho, no ha habido ningún crimen machista hasta ahora.
"Creemos que este sistema es eficaz y su eficacia aumenta cuando todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad colaboran. Desde la Delegación por eso venimos promoviendo que todos los ayuntamientos se adhieran al sistema y ya hay 30. Rivas también tiene su propio sistema de seguimiento de víctimas, que está muy desarrollado e intervienen todos los servicios públicos del Ayuntamiento, lo que hace que sea mucho más eficaz. Mi felicitación al alcalde", ha añadido.
No obstante, Dancausa ha querido ser autocrítica para evitar desenlaces como el de Matilde porque "hay situaciones" que se les "escapan". "Tenemos que seguir siendo cada vez más exigentes con nosotros mismos. Este protocolo establece un cuestionario en 2004, con instrucción en 2007. Se ha revisado en 2016 y ha tenido como efecto que hemos subido la mayoría de valoraciones de las víctimas. Es más exhaustivo. Se ha aprobado después de muchos meses de trabajo y expertos de la universidad", ha precisado.
Preguntada por los periodistas sobre si Matilde hubiera necesitado una medida de protección más elevada, Dancausa ha afirmado que cree que las medidas fueron las adecuadas. Y ha especificado las medidas concretas del protocolo en los casos calificados como riesgo bajo, como el de Rivas, que Dancausa ha calificado de "muy altas".
Entre ellos ha citado el contactos esporádicos de la Policía o Guardia Civil con la víctima, recomendaciones sobre autoprotección y métodos para evitar incidentes, información precisa sobre el servicio de teleasistencia móvil, derivación de la víctima a los servicios sociales y recursos a su disposición como puntos de encuentro y casas de acogida, recomendaciones sobre el nivel de riesgo.
Si el agresor tiene licencia de armas se le requiere para que lo entregue voluntariamente a la Policía o si no accede se pide a la Justicia que actúa. En este nivel de riesgo la Policía mantiene contactos esporádicos y discretos con la víctima, acordar con ella para crear un informe de vehículos, y acompañamiento policial para que saliera de la casa el agresor si hay convivencia, además de la orden de alejamiento que el juez ha dictado.
"En cada caso hay un componente que a veces somos incapaces de controlar ni podemos poner a un policía detrás de cada una de las víctimas. Por eso es importante la colaboración, porque el entorno es importante. La víctima, además, no está en el mejor momento, porque es víctima. Todas las víctimas han pasado por un proceso muy difícil, cómo desde el punto de vista psicológico se puede proteger a una víctima, que están una situación de debilidad. Tenemos que darles un paso más y apoyarles desde el punto de vista psicológico para que sean más fuertes", ha promovido.
"NO ESTÁN SOLAS"
Además, les ha lanzado el mensaje de que "no están solas" y que se apoyen en los servicios que las diferentes administraciones les ofrecen. "Porque es una situación muy difícil para ellos, que probablemente no sean consciente, y necesitan el apoyo del que disponen para darles la mayor protección", ha agregado la delegada, que niega que exista un problema de falta de presupuesto en esta materia.
Por otra parte, la representante del Gobierno central en Madrid no se ha mostrado partidaria de hacer un conocimiento público de las órdenes de alejamiento impuestas porque eso violaría la Ley de Protección de Datos y su propio derecho a la intimidad.
"Creo que tienen que saberlo quien tiene que saberlo, que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Hay veces que incluso la familia no lo sabe. Otra cuestión es que cualquier información de los servicios sociales y la Policía puede incidir en su protección y se revise su valoración", ha concluido.