Ildefonso de Miguel se niega a declarar sobre el 'caso Lezo' en la Asamblea por "atenderse al marco de la Justicia"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exdirector gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel se ha negado a declarar esta mañana en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política alegando que, como imputado en el 'caso Lezo', "debe atenerse al marco de las actuaciones judiciales".

De Miguel ha indicado que "le es imposible contestar" por estar judicializado el caso del supuesto saqueo de la empresa pública de aguas madrileña judicializado y que el proceso se encuentra en instrucción. También ha señalado que "siempre que le han requerido ha colaborado" con las instituciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sin embargo, la portavoz socialista Mercedes Gallizo ha indicado que el juez del caso no ha puesto impedimento alguno para poder interrogar al investigado en el Parlamento regional. El resto de los portavoces también le han pedido que responda y han utilizado su tiempo para formular una batería de preguntas sobre las supuestas corruptelas en el Canal.

El exdirectivo del Canal, antigua mano derecha de González, estuvo encarcelado unos días en abril cuando arrancó el caso Lezo con varias detenciones. De Miguel es sospechoso de haber cobrado algún tipo de comisión relacionada con la construcción de los Teatros del Canal, según consta en el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Además, en la comisión de hoy no ha aparecido el primer compareciente, José Manuel Serra Peris, vicepresidente y consejero del Canal de Isabel II en 2013. La presidenta de la comisión, Dolores González Pastor ha recordado que a las personas citadas reglamentariamente y siguiendo los cauces y los tiempos pertinentes y que no acudan a esta comisión, de asistencia obligatoria, se le aplicarán las sanciones que impone la Asamblea de Madrid y el Código Penal.

De hecho, ha citado el artículo 502 de dicho Código, que señala que "los que habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación as Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia".

Si además fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Serra Peris es abogado del Estado.

También ha recordado que quien fuera convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses. Ahora, la comisión tendrá que elevar un escrito a la Mesa de la Asamblea para que eleve dicha ausencia al Juzgado correspondiente.

Es la primera vez que ocurre algo así en una comisión de investigación, han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias. En otras ocasiones los comparecientes se han retrasado y han comparecido más tarde o han justificado que no han podido venir por diferentes motivos.