Un inspector de Policía acusado de filtrar datos a clubs de alterne desliza que pudieron ser otros compañeros

Se enfrenta a cuatro años de cárcel por un delito de revelación de secretos

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un inspector de la Policía Nacional ya jubilado, que estuvo destinado en la comisaría de Coslada, ha negado en el juicio haber consultado entre 2018 y 2020 bases de datos policiales para filtrar información a varios clubs de alterne del Corredor del Henares y a abogados relacionados con el 'caso Bloque' de Coslada.

Alfredo P. C., que pertenecía a la escala ejecutiva de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de prisión por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.

El acusado niega los delitos que se le imputan y ha deslizado durante su interrogatorio que algún compañero pudo meterse en su ordenador al dejar habitualmente la clave puesta en el ordenador que solía tener encendido.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional realizó una auditoría interna en la comisaría sobre los accesos a las bases de datos y que incluía que el acusado habría acudido con personas a estas instalaciones para realizar búsquedas en su presencia.

Según mantiene el fiscal, las búsquedas estarían relacionadas con denuncias, fichas policiales, antecedentes penales o con vehículos, entre otros asuntos. El acusado habría recibido cantidades de dinero e incluso regalos de las personas a las que facilitaba información, según la acusación.

En la declaración, el inspector ha detallado que tenía acceso a diferentes bases de datos policiales como Argos, Objetos y al fichero Sidenpol, sin que los usara para fines ajenos a su ejercicio profesional a excepción de alguna vez haber consultado algo sobre su vehículo.

A preguntas del fiscal sobre si realizó más de 1.300 consultas en ese periodo, ha respondido que eso era algo "inviable" y que "en absoluto" las hizo. Tras ello, el fiscal ha solicitado que se le exhibiera abundante documentación con anotaciones incahutadas durante la entrada y registro practicada en 2020 en su despacho. En el registro, se localizaron unos 12.000 euros en su taquilla.

"¿Por qué acumulaba tanta documentación?", le ha inquirido, a lo que el inspector ha replicado que realizaba muchas investigaciones y que formaban parte de su trabajo diario.

Además, ha indicado que tenía relación con varios club de alterne en el marco de investigaciones por delitos contra la salud pública y a título personal. "Yo no facilitaba datos de las bases a nadie", ha subrayado.

En el juicio han comparecido una decena de agentes que han ratificado que corroboraron que el acusado "hacía consultas que no se correspondían con su trabajo", facilitando información a la dueña de un club de alterne que había sido denunciada.

HECHOS JUZGADOS

El escrito de acusación sostiene que A. P. C., un inspector de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía destinado en la Comisaría Local de Coslada, procedió sin tener autorización a realizar hasta 1.339 consultas a las bases de datos policiales con fines particulares para facilitar la información a sus amigos.

Así, desde el 25 de octubre de 2019 a 18 de diciembre de 2019, el acusado efectuó hasta 153 consultas a las bases policiales "sin que ninguna de ellas estuviera justificada por razones del cargo o servicio" para divulgar la información a terceras personas ajenas al servicio policial, "entregándoles en mano las consultas impresas e incluso fuera de la Comisaría".

Por ejemplo, a petición de una amiga suya que regentaba un club de alterne que él mismo solía frecuentar, realizó consultas sobre las denuncias de violencia de género, la ficha y antecedentes policiales de la ex pareja de A. C. C., la dueña del local, para entregárselas en persona en el club sito en la localidad de San Fernando de Henares.

En otra ocasión se reunió en su despacho con una amiga abogada donde realizó 26 consulta en las bases de datos policiales que afectaban a datos personales de la letrada y de un abogado vinculado con la operación policial denominada 'El Bloque'.

El acusado también realizó consultas en las bases policiales a petición de distintos amigos relacionadas con datos personales, antecedentes policiales o de vehículos.