La interventora general aclara que no tiene control sobre sociedades mercantiles como Campus de la Justicia y Canal

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La interventora general de la Comunidad de Madrid, Cristina Torre-Marín, ha aclarado este martes durante una comparecencia en la comisión de estudio sobre la deuda que su departamento no tiene control financiero sobre sociedades mercantiles, como la disuelta Campus de la Justicia o Canal de Isabel II.

"Es verdad que nosotros podemos hacer controles financieros, pero el decreto 45 lo que establece es que el alcance en las sociedades mercantiles solo alcanzaría a subvenciones, ayudas o avales que demos, y no tenemos ninguna", ha dicho Torre-Marín, en respuesta a los portavoces en la comisión de los grupos parlamentarios de la oposición, que le han preguntado por los informes emitidos sobre ambas sociedades.

En este sentido, ha explicado que las empresas mercantiles "se rigen por el derecho privado" y "tienen contabilidad privada", de manera que el "control interno" no alcanza más que a los gastos que tengan que ser aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad.

Así, Torre-Marín ha explicado que en lo que respecta a Campus de la Justicia, entre los ejercicios 2008 y 2010, se tramitaron un total de cuatro expedientes para llevar a cabo diferentes ampliaciones de capital, mientras que en 2015 se tramitó un expediente de resolución del contrato de redacción del proyecto de ejecución y del estudio de seguridad y salud, a lo que hay que sumar, al margen de la fiscalización previa, "convalidaciones" por temas de seguridad en la parcela de Valdebebas.

"Por supuesto, si se han aprobado es porque estaban correctos", ha aseverado la interventora general, quien, por otro lado, ha indicado que en lo que respecta a Canal de Isabel II solo pasó por este órgano una "encomienda de gestión" sobre puestos de seguridad y rescate.

"Tampoco tenemos nada que hacer, es una empresa mercantil que tiene su consejo de administración", ha agregado Torre-Marín, en alusión al control de la Intervención General sobre Canal de Isabel II.

"No somos detectives ni somos policía judicial ni nuestra labor es investigar para ver si alguien ha hecho las cosas mal", ha aclarado la interventora general, para afirmar que su función es "colaborar" para que cuando se tramita un gasto con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid esté legalmente y correctamente documentado.

Asimismo, ha puesto en valor la autonomía e independencia de este órgano con respecto al Gobierno regional, y ha señalado que ni la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, ni su antecesor, Ignacio González, la llamaron nunca a su despacho para hablar de ningún tema, si bien el Consejo de Gobierno les "ordena" el trabajo de control interno para "dar seguridad y tranquilidad a ese Consejo de Gobierno, que es quien está aprobando gastos".

Según la interventora general, tienen "muchísimas auditorías que hacer por imperativo legal", por ejemplo sobre los fondos europeos o en materia de sanidad y educación, de manera que les queda "poco margen para meter mucho más".

No obstante, ha considerado que el organismo dispone de medios, ya que cuenta con casi 340 personas, con unidades de control financiero que, entre otras cosas, permiten "estar pegaditos al gasto sanitario", materia por la que también se han interesado los portavoces de la oposición.

La comparecencia de Torre-Marín fue solicitada por el PP al inicio de los trabajos de la comisión de estudio de la deuda al objeto de informar sobre procedimientos de control de gasto y control financiero establecidos en la Comunidad de Madrid para la Administración de la Comunidad de Madrid y sus empresas públicas, para ir de lo general, del régimen jurídico, a lo particular, a los casos concretos, según ha indicado el diputado del PP Pedro Muñoz-Abrines, que ha lamentado que se haya hecho lo contrario.

Muñoz-Abrines ha destacado que el control de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid es "el mismo control que tienen todas las empresas públicas en todas las administraciones públicas", en el sentido de que "no existe la fiscalización plena previa porque no son entes administrativos", aunque "están sometidos a auditorías posteriores y, en todo caso, a un control financiero posterior por parte de la intervención general, una vez que analizan las auditorías externas".