Investigadas 37 personas tras detectar 32 construcciones ilegales en cuatro localidades de la región

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo una operación que se ha saldado con 37 personas investigadas como presuntos autores de delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo tras detectar 32 construcciones sin licencia urbanística en los municipios de Chinchón, Morata de Tajuña, Fuente el Saz de Jarama y Guadalix de la Sierra.

El operativo, desarrollado por la Unidad de Protección de la
Naturaleza de la Comandancia de Madrid, ha permitido también la elaboración de otros doce expedientes administrativos más relacionados con construcciones ilegales, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

En concreto, en el marco de la 'Operación Cimientos 2022' los agentes han detectado 32 edificaciones irregulares, en su mayoría de fácil montaje, generalmente casas móviles o fabricadas en madera con solera de pallets o zahorra e instaladas en espacios abiertos con protección especial.

La investigación se inició tras el requerimiento por parte de la Fiscalía General del Estado para la elaboración de un informe sobre la
proliferación de construcciones ilegales ubicadas en el paraje natural de la Vega del Tajuña, dentro de los términos municipales de Titulcia, Chinchón y Morata de Tajuña.

Paralelamente, en el mes de enero de 2022, la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares y la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés emitieron también sendos requerimientos para la investigación de este tipo de edificaciones en varios municipios pertenecientes a su ámbito de competencia.

La investigación se centró en la recopilación de todos los supuestos existentes, para lo que mantuvieron reuniones con los ayuntamientos afectados y se solicitó la colaboración de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura Comunidad de Madrid.

Así, se revisaron las construcciones realizadas en los últimos cinco años, plazo de prescripción penal de estos hechos, con el objetivo también de impedir el desarrollo de las obras que estuviesen siendo ejecutadas en ese momento y evitar así la creación de núcleos de población ilegales.

Para la determinación de las posibles infracciones penales y administrativas derivadas de la construcción de este tipo de edificaciones y su posible evolución en el tiempo, los agentes llevaron a cabo una minuciosa investigación cimentada en un profundo estudio documental de la
protección y catalogación de los suelos, de la normativa de los distintos
municipios afectados y del análisis de ortofotografías de las zonas
correspondientes a vuelos realizados en diferentes años.

Además de las 32 edificaciones irregulares, durante las
numerosas inspecciones oculares llevadas a cabo, también se detectaron
vertidos de aguas residuales en parcelas agrícolas cercanas a las
construidas.

Al tratarse de edificaciones ubicadas en terrenos que han sido objeto de parcelación ilegal previa mediante escrituras de compraventa entre
particulares, procedimiento no permitido en suelo no urbanizable, ha
supuesto una dificultad añadida en el desarrollo de la investigación para la localización e identificación de los propietarios reales.