El jefe policial de Lavapiés niega coacciones al frente de la Policía de Galapagar y acusa a subordinados de dejadez

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Juan Manuel G. M., el oficial responsable de la Policía Municipal de Madrid en Lavapiés (distrito Centro Sur), ha negado este miércoles haber presionado a varios subordinados cuando dirigía la Policía Local de Galapagar, acusando a los mismos de dejadez en sus funciones al no querer firmar un acta sobre la inspección de una fiesta supuestamente ilegal en las Navidades de 2012.

El fiscal le acusa de los delitos de coacciones y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, hechos por los que le pide una condena de seis años de prisión.

Le ha acompañado en el banquillo el que fuera Jefe de Servicio en la Policía Local de Galapagar, José V. P., a quien se acusa de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. En su caso, afronta una pena de 4 años de cárcel.

A las puertas de la Audiencia madrileña, el portavoz de CSIF en la Policía Local de Galapagar, Jorge Cordero, ha destacado que cuando estuvo este jefe policial, traído por el entonces alcalde, la idea era ponerles en orden de "unas maneras que no eran adecuadas", abriéndose unos 15 expedientes.

"Hubo muchos agentes de baja porque la idea de esta persona era echarles", ha comentado. "Esperamos que ahora se haga Justicia y se demuestre lo que pasó", ha dicho.

En su declaración, el acusado ha negado tanto haber coaccionado a cuatro agentes para que firmaran un acta de inspección de una fiesta que él entendía ilegal así como haber alterado el atestado policial que se realizó de aquella intervención.

Según su versión, se montó un dispositivo para evitar una macrofiesta de Nochevieja ilegal de menores que se iba a celebrar en un chalet y de cuya celebración le había informado una menor, advirtiendo de que se estaban vendiendo entradas por los institutos de la zona.

"Hubo una desgracia meses atrás y había orden de evitar este tipo de eventos sin autorización", ha relatado el acusado, quien siguió el dispositivo desde su casa al tratarse de la noche de Nochevieja.

"Mi sorpresa fue cuando me informaron de que cuando los agentes van a hacer la inspección no llevaban la documentación para hacer el acta. Esto era una clara dejación de funciones. Algunos de ellos no la querían firmar porque me dijeron que no les daba la gana", ha narrado.

Sin embargo, los agentes que denunciaron los hechos sostienen que éste les coaccionó para firmar algo que no se ajustaba a lo que estaba sucediendo. El evento era una fiesta privada en el que no había más de 50 personas.

HECHOS JUZGADOS

Los dos acusados, según el fiscal, organizaron en diciembre de 2012 un dispositivo con objeto de evitar que se celebrara una supuesta macrofiesta ilegal en Nochevieja en la Finca Villasolita, situada en Galapagar.

José V. P., en su condición de Jefe de Servicio de la Policía Local de Galapagar, se personó allí el 1 de enero junto a otros tres agentes y no observaron que se celebrara ninguna fiesta motivo por el cual se trasladaron a otra finca situada a unos 400 metros "donde parecía haber una fiesta".

El acusado, siguiendo instrucciones del exjefe de la Policía Local de Galapagar, comenzó a redactar un acta de inspección en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas así como otra acta que contenía una denuncia por realizar una fiesta ilegal.

En dichos documentos el acusado hizo constar hechos "a sabiendas de que no eran concordantes con la realidad", tales como que la finca disponía de un nombre comercial "Fiesta del Campillo" o que había menores en su interior consumiendo alcohol.

El acusado instó a los cuatro agentes que estuvieron presentes en el lugar de los hechos a afirmar las actas, pero estos se negaron al considerar que su contenido no se correspondía con la realidad.

A pesar de su negativa, el otro acusado, Juan Manuel González, presionó a sus subordinados "con el fin de amedrentar su voluntad" sin llegar a conseguir su propósito.

Finalmente confeccionó unas nuevas actas que entregó al propietario de la finca en las que ya no constaba, por ejemplo, que hubiera menores ingiriendo alcohol.

Juan Manuel G., sin embargo, persistió en su actitud con los agentes e incoó expedientes disciplinarios contra ellos advirtiéndoles, además, de las posibles consecuencias que podría conllevar su conducta tales como negarse a firmar la permuta de la que estaba pendiente uno de los agentes o alterar los servicios que desempeñaban.