El juez abre juicio contra el doctor Vela por un caso de bebés robados y le impone una fianza de 465.000 euros

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid ha abierto juicio oral contra el doctor Eduardo Vela, un ginecólogo de la antigua clínica madrileña San Ramón de Madrid, a quien se acusa de haber participado en 1969 en la sustracción de un bebé recién nacido para dárselo a un matrimonio ya fallecido.

Así consta en un auto fechado el pasado 7 de febrero, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el juez instructor confirma la situación de libertad provisional del procesado y dicta la apertura de juicio oral a instancias de la Fiscalía, trámite previo al señalamiento del juicio.

Además, declara a la Audiencia Provincial de Madrid competente para el enjuiciamiento de los hechos. Se tratará del primer juicio en España relacionado con este entramado corrupto que se extiende por todo el país, habiendo tenido su epicentro en los años 60 en la capital.

De igual modo, el instructor requiere en el auto al acusado una fianza de 465.000 euros para que aseguren las responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso en el caso de que sea condenado. Deberá presentar esta cantidad en el plazo de un día, una vez notificado este auto.

La apertura de juicio oral se dicta después de que el fiscal haya calificado los hechos. En su escrito, pide 11 años de cárcel para el ginecólogo, ya jubilado y con avanzada edad. También ha propuesto su petición de pena el abogado de la denunciante, Guillermo Peña, que lleva la defensa de varios de los afectados en representación de la asociación SOS Bebés Robados.

En su escrito, pide 13 años de cárcel para el doctor Vela por delitos de detención ilegal, falsedad en documento público y suposición del parto. Le aplica el Código Penal de 1995 al ser el más favorable al reo.

ACUSACIÓN FISCAL

En el caso del Ministerio Público, el fiscal le acusa de tres delitos: sustracción de menor de siete años, por el que solicita ocho años, así como los de suposición de parto y falsedad en documento oficial por los que reclama otros tres años. Además solicita una indemnización de 350.000 a la persona afectada por los daños morales causados.

En su escrito de acusación la Fiscalía recuerda que entre los años 1961 y 1981 el doctor Vela ejerció como ginecólogo en el sanatorio San Ramón donde su cargo "le confería un control total y disposición sobre los partos y nacimientos que allí se producían". Fue en 1969 cuando un sacerdote amigo de Vela le comunicó que un matrimonio (ambos ya fallecidos) deseaba tener un bebé.

El acusado convocó el 5 de junio de 1969 a la pareja a una reunión para comunicarles que le haría entrega de un recién nacido "al margen de la legalidad". Entre los tres acordaron ocultar la identidad real del bebé robado mediante la inscripción en el Registro Civil como hijo biológico de matrimonio.

UN COJÍN PARA FINGIR EL EMBARAZO

El médico, además, instó a la pareja a que mientras se resolvía el tema fingiesen un embarazo "colocándose (la mujer) un cojín en el abdomen, debiendo simular en presencia de conocidos y vecinos los síntomas propios a la gestación como las náuseas".

Al final todo ello no fue necesario porque pocas horas después del encuentro Vela tuvo acceso a la entrega de una niña recién nacida. Así que un día después convocó de nuevo a la pareja en su despacho para entregarles, sin el consentimiento de sus padres biológicos, un "regalo" que, en realidad, era una niña de pocos días.

Entre los tres, "y guiados por el ánimo común de ocultar la verdadera identidad de la recién nacida", cumplimentaron el cuestionario que debían enviar al Registro Civil figurando la pareja como los auténticos padres y donde también aparecía la niña "como nacida a las 12 horas del día 4 de junio de 1969".

Fue el propio Vela, con su firma incluida, quien certificó en el parte facultativo su "asistencia personal" al parto pese a que todo ello no contaba con el consentimiento de la madre biológica de la niña.
La recién nacida fue inscrita finalmente en el Registro Civil con el nombre de Inés "borrando cualquier rastro que pudiera vincularle a un entorno familiar y social distinto al conformado por el matrimonio". La situación se prolongó hasta el año 2010 cuando, a raíz de la aparición de información sobre el robo de bebés, Inés empezó a sospechar sobre la realidad de sus orígenes.

La madre, al ser requerida por su hija, admitió los hechos y se ofreció a colaborar para que descubriera la identidad de sus padres biológicos. Llegó a entregar una muestra biológica en el "Fichero de Perfiles de ADN de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos" del Ministerio de Justicia sin que hasta la fecha se haya podido averiguar la identidad de sus auténticos progenitores.