El juez del caso Púnica cita este lunes como investigado al alcalde de Brunete por contratos con Cofely

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar como investigado al alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez Iglesias, por supuesto delito contra la administración pública en los procesos de preparación de un contrato de eficiencia energética con la empresa Cofely, investigada en la trama Púnica.

   En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Manuel García Castellón cita a Gutiérrez a comparecer este lunes en sede judicial en el marco de las nuevas citaciones que ha decretado para proseguir con la investigación de esta trama.

   A su vez, también se cita como investigado para ese día al exdirector de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno, también por presunto delito contra la administración pública en relación al contrato de servicio público de eficiencia energética de seis colegios públicos suscritos entre Cofely y el Ayuntamiento de Alcalá.

   El año pasado, Jimeno tuvo que dimitir de su cargo en el Gobierno regional tras verse salpicado por las revelaciones del sumario del caso Púnica. Según los datos recabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, López Jimeno poseía un 20 por ciento de la sociedad Alba Ingenieros Consultores SL cuando, entre 2008 y 2012, que recibió casi 200.000 euros desde la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, de la que era también patrono.

   Además, en la documentación aportada por la UCO a la causa destaca un correo electrónico con fecha del 8 de noviembre de 2012 en el que Fernando Utrilla, empleado de Cofely, pide al directivo de esta firma Constantino Álvarez que intente gestionar la contratación de un cercano a López Jimeno en respuesta al "favor" que éste le había hechos "para el Ayuntamiento de Alcalá de Henares".

   La UCO concluía que "resulta lógico pensar" que la petición de Álvarez a López Jimeno estaría relacionado con que Cofely fuera adjudicataria del contrato en dicha localidad madrileña.

   El juez también ha citado como investigada a la edil popular en el Consistorio de Brunete y concejal de Nuevas Tecnologías del equipo de Gobierno local, Ana Cristina Gil Guerra, junto a su padre y secretario general del PP en la localidad, José Gil Granizo. También se cita a Lorena Crespo Iglesias en calidad de testigo.

   Lo tendrán que hacer el próximo martes 10 de octubre y también por presuntos delitos contra la administración pública por supuestamente participar en procesos de preparación de un contrato de eficiencia energética con Cofely.

   En un auto emitido por el juez Eloy Velasco, entonces encargado del caso, un auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se apunta a que la empresa Cofely encargaba encuestas políticas y de intención de voto en municipios en los que obtenía contratos, como sería el caso de Parla, Valdemoro, Brunete y Torrejón de Velasco.

   Respecto a Brunete, Velasco indicaba que el compromiso de realización de encuestas referidas a la "imagen de la gestión municipal y las expectativas de voto" podría "estar vinculado a la previsión" de obtener un contrato de eficiencia energética en el municipio que, según "fuentes abiertas", habría alcanzado los 8,91 millones de euros.

   Ahora, el magistrado Manuel García Castellón también cita el próximo lunes en calidad de investigados al exgerente del instituto de Planificación y Gestión Ambiental de Alcalá, David Larrazabal, y al exasesor de la localidad Ferando García Rubio 

   En esa providencia también se cita a declarar como investigada el próximo 18 de octubre a la exjefa del Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid Tatiana Sonsoles Recorde en relación a las supuesta adjudicación irregular del servicio de cafetería, cocinas y comedoras de la Asamblea de Madrid a Grupo Cantoblanco entre los años 2009 y 2011, época en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, era la presidenta de la mesa de contratación.

    El juez ha citado a Sonsoles por su presunta participación en esta adjudicación a la sociedad del expresidente de los empresarios madrileños Arturo Fernández, también investigado, después el informe de la UCO elaborado el pasado 27 de marzo en el que destacaba que la comisión de una presunta prevaricación por parte del Comité de Expertos del que formó parte Cifuentes. Unos días antes los investigadores remitieron otro informe en el que se incidió también en la posible comisión del delito de cohecho.