MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares ha citado a declarar en calidad de investigados a los cuatro concejales de Somos Alcalá por un delito de prevaricación administrativa por supuestamente manipular un concurso público para otorgar subvenciones a asociaciones de personas vinculadas a estos ediles.
En el auto, fechado a 28 de noviembre, el juez considera que los hechos denunciados por la Fiscalía "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" y cita a declarar a los cuatro ediles para el próximo lunes, 11 de diciembre a las 10.45 horas, en calidad de investigados.
Se trata del concejal de Acción Social, Jesús Abad; el concejal de Medio Ambiente, Alberto Egido; la concejala de Transparencia e Innovación Social, Brianda Yañez y la concejala de Participación Ciudadana, Laura Martín -- Somos Alcalá gobierna con el PSOE e IU en el Ayuntamiento de este municipio--.
También se cita a declarar en calidad de testigo al portavoz del PP, Víctor Chacón, y la del interventor general municipal. Ambas citaciones son para este martes, 5 de diciembre. Contra esta resolución, adelantada por 'El Mundo', cabe interponer recurso de reforma y de apelación.
La fiscal jefe del Área de Alcalá de Henares, María José Parrado, presentó una denuncia el pasado 15 de noviembre por una supuesta "manipulación de la convocatoria pública de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos en el área de acción social para el año 2016".
Según recogía, de los 33 proyectos presentados a la convocatoria, las cinco asociaciones subvencionadas que obtuvieron la máxima puntuación "estaban dirigidas por personas vinculadas directamente con cuatro de los seis concejales que formaban parte de la Comisión Evaluadora, pertenecientes al Grupo Municipal Somos Alcalá.
Esto representaba el 45 por ciento de la votación, "sin que los citados concejales se abstuvieran de participar en la votación, tal y como establece el artículo 23-1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público", destaca la denuncia de la Fiscalía.