El juez impone una orden de alejamiento de 500 metros al querellado por las protestas en la vivienda de Iglesias

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba (Madrid) ha acordado este martes una orden de alejamiento de 500 metros y prohibición de comunicarse al particular contra el que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se querelló por seis delitos al considerarle el "instigador" de las protestas frente a su vivienda por la gestión del Ejecutivo de la pandemia del coronavirus, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El magistrado ha aceptado tanto la petición formulada por la Fiscalía de Madrid como la defensa de Iglesias y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, para que prohibiera al querellado acercarse a su domicilio o lugar de trabajo, además de comunicarse con ellos por cualquier canal, si bien ha acordado la distancia solicitada por el Ministerio Público.

Los abogados de los líderes de Podemos han interesado que la orden de alejamiento fuera de 3 kilómetros, según han indicado las mismas fuentes consultadas.

Dichas peticiones se han realizado justo después de que el querellado, Miguel Ángel Frontera, haya declarado ante el juez. Según fuentes jurídicas presentes en la comparecencia judicial, ha admitido su participación en las protestas frente a la vivienda de Iglesias y Montero en Galapagar.

En este sentido, según han indicado las fuentes consultadas, Frontera ha explicado que éstas han sido motivadas por la gestión en especial por la gestión que ha hecho Iglesias de las residencias de ancianos frente a la covid-19. La defensa del querellado, ejercida por la abogada Polonia Castellanos, ha solicitado el archivo de las actuaciones al entender que no hay ninguna prueba de la comisión de ningún delito.

IGLESIAS Y MONTERO DICEN SENTIR "MIEDO"

Iglesias y Montero comparecieron este lunes ante el juez por videoconferencia para ratificar la querella. Durante sus declaraciones afirmaron que sentían "miedo" de las protestas y que las "rutinas" de sueño de sus hijos e incluso sus propios modos de vida se han visto alterados, han señalado las mismas fuentes jurídicas.

Iglesias presentó el pasado mes de julio una querella contra Miguel Ángel Frontera Díaz por los presuntos delitos de acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El escrito, al que tuvo acceso Europa Press, explica que la conducta de Frontera Díaz se lleva sucediendo "a diario" al menos desde el pasado 15 de mayo, "hostigando y profiriendo improperios como llamarle 'garrapata' o términos de índole similar", todo lo cual le produce una "grave alteración" de su vida cotidiana y de la de su familia.

GRABACIÓN DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA

La querella hace una descripción de forma pormenorizada de una serie de actuaciones por parte del querellado, entre ellas encaramarse al muro de la propiedad para grabar un vídeo del interior con su teléfono móvil. Por este hecho fue detenido por la Guardia Civil presentes en la zona y, según consta en el escrito, "los medios de comunicación refieren que el atestado le imputa un delito de revelación de secretos".

En el relato que hacen los abogados del vicepresidente también se destacan otras actuaciones por parte del querellado como llevar un equipo con megafonía para sus protestas, lo que supone un "impacto acústico sobre toda la zona del parque natural y la zona residencial de dudosa legalidad", y publicitar su actividad en las redes sociales, donde anuncia su intención de ir nuevamente y convoca a otros o sube vídeos de su conducta.

"Todas estas actuaciones alteran el orden público, con marcado carácter de gamberrismo, intromisión y de lesión a los derechos de la familia de Don Pablo Manuel Iglesias Turrión y del resto de sus vecinos, no pueden ser confundidas con el legitimo derecho de reunión, manifestación y expresión consagrados en nuestra Constitución", explica el escrito, que opina que la conducta de Frontera "no es una protesta política, sino una animadversión personal y de odio al vicepresidente y a su familia", concluye la querella.

Asimismo, destaca que el delito de acoso encaja con la conducta de Frontera, "puesto que ejerce una vigilancia constante sobre el domicilio sin autorización de ningún tipo por parte del querellado o su pareja" y "se produce un atentado a la libertad de Don Pablo Iglesias puesto en el tiempo en que el querellado está en las inmediaciones de la vivienda, impide el disfrute de su libertad deambulatoria propia y de su familia, la visita de amistades y familiares, etc".