Un juez investiga a la alcaldesa de Valdemorillo acusada de prevaricación por falsear una deuda de su edil de Hacienda

Los querellantes, cuatro ediles cesados en abril, aseguran que su destitución se debe al conocimiento de esa presunta irregularidad

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 1 de San Lorenzo de El Escorial ha citado a declarar el próximo 5 de abril como investigada a la alcaldesa de Valdemorillo, Gema González Fernández; al concejal de Hacienda, Luis Entero Acedos; y al secretario del Ayuntamiento, Gustavo Benito de Ribagorda, acusados de falsear un documento público para excluir una supuesta deuda que tenía el edil de Hacienda con el Consistorio.

Así lo ha acordado el citado Juzgado en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, tras una querella de los exconcejales Nicolás Bayarri, Gabriel Bayarri, Silvia Ruz (todos ellos de Sí Se Puede) y Rosario Cámara (IU), que fueron cesados en abril de 2017 por la alcaldesa.

Según la regidora, de Progresistas de Valdemorillo (PVM), tomó la decisión de romper sus relaciones con los tres por "diferencias irreconciliables" y por pretender "unas nuevas exigencias" basadas en "las directrices de Podemos" y "no en los 20 puntos iniciales" del pacto de gobierno.

En su querella, admitida a trámite por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público, los exconcejales señalan que Nicolás Bayarri revisó el listado de embargos de saldos en cuentas bancarias de deudores a la Hacienda municipal. Allí, siempre según los querellantes, figuraba el concejal de Hacienda, Luis Entero, con una deuda contraída de 27.548,90 euros.

Un mes más tarde, en dicho documento ya no figuraban varias deudas contraídas, entre ellas la de Entero. Tras consultar las posibles satisfacciones de deuda que hubieran generado modificaciones en el documento --y que deben estar documentadas mediante justificantes de ingreso u otras formas aceptadas-- comunicaron a Bayarri que el documento de Entero revestía "un defecto informático", y que se trataba de un deudor que "ya iba a pagar".

Después de tener conocimiento de esto, Bayarri decidió no firmar el nuevo documento "hasta no tener constancia de la satisfacción real de la deuda". Aproximadamente un mes más tarde el concejal fue destituido por la alcaldesa y Entero ocupó el cargo que hasta entonces ostentó Bayarri.

"Ante lo irregular de la situación", Bayarri solicitó tener acceso al documento de embargos, donde "de forma sangrante y poco disimulada", se aprecia la concurrencia de deudores que estaban presentes anteriormente pero, sin embargo, la deuda de Entero ya no figuraba en la lista.

Entero, según denuncian, habría firmado el documento en el que ya no figuraba como deudor, "a pesar de que en ningún momento ha quedado acreditado que la deuda contraída haya sido satisfecha en alguna forma".

"DESCARADA IRREGULARIDAD ECONÓMICA"

Por ello, los querellantes pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Madrid y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Además, ampliaron la acusación contra la alcaldesa, Gema González, porque a su juicio "el único hecho que motiva" el cese de los concejales es esta "descarada irregularidad económica".

En cuanto a Benito de Ribagorda, lo incluyen en el caso porque "es responsable de certificar todos los actos o resoluciones y los acuerdos". "Es decir, a sabiendas de la injusticia, respalda y firma el decreto emitido por la alcaldesa para expulsar a los querellantes y nombra a Entero", critican.

"En términos más simples, los cuatro querellantes fueron despedidos de sus cargos en el Consistorio por denunciar una grave irregularidad económica relativa a la deuda, o más bien la repentina y no justificada desaparición de la misma", sintentizan.

En última instancia, señalan que Entero "ha causado un indudable perjuicio" a las arcas del Ayuntamiento, "al utilizar las facultades que le fueron atribuidas para eliminarse a sí mismo de la lista de deudores al Consistorio".

Por su parte, también encausan al responsable de la empresa Infaplic S.L., encarga de la gestión de la Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento, y que "ha fallado a su deber de vigilancia de las arcas públicas". "Siendo igualmente responsables tanto la alcaldesa como el secretario general por permitir semejante malversación", apostillan.