MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid no está investigando un posible delito de odio en los mensajes vertidos en el chat policial donde se insultó, entre otros, a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya que no existe denuncia al respecto, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Estas fuentes han explicado que ningún particular u organismo ha formulado denuncia por delito de odio en los mensajes del chat, por lo que no existe ningún procedimiento abierto por delito de odio. De hecho, la Fiscalía tampoco ha actuado al respecto.
Lo que sí hay es una causa abierta por amenazas a un delegado de CCOO, que acudió al juzgado el pasado viernes denunciando los hechos. En medio de la documentación que aportó también salieron a la luz insultos y vejaciones contra políticos como Carmena.
Según las mismas fuentes, el Ayuntamiento de Madrid, que ha pedido personarse en la causa, tampoco ha emprendido acciones legales por un presunto delito de odio sino por el de amenazas. En este caso, el Juzgado de Instrucción número 42 sigue valorando si admite a trámite o no su personación.
Aún no han recibido la de CCOO, que ha anunciado este jueves en una rueda de prensa su intención de entrar en el proceso, al tiempo que han alertado de nuevas amenazas a miembros del sindicato una vez se conoció el contenido de los chats.
TRES POLICÍAS DECLARARÁN EL LUNES POR AMENAZAS A SINDICALISTA
Mientras tanto, tres policías municipales de Madrid declararán el lunes ante el Juzgado de Instrucción número 42 por las supuestas amenazas vertidas contra este delegado. El magistrado Juan José Escalonilla tomará declaración a los tres agentes en calidad de denunciados a partir de las 13 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla.
Tras ello, puede tomar la decisión de si los hechos son constitutivos de delito y si procede acordar medidas cautelares, como las solicitada orden de protección.
El Consistorio madrileño retiró ya la semana pasada el arma y la credencial a tres agentes, previsiblemente los mismos que serán interrogados el lunes en el Juzgado, y se les ha impedido la entrada a dependencias policiales. Se les ha impedido el acceso a los archivos informáticos y a cualquier base de datos de la Policía.