Un juez reconoce un caso de acoso laboral a la interventora de Fresno del Torote por ediles del PP y Unidas Podemos

El entonces alcalde era Francisco Galera, de Unidas Podemos, y una de las ediles del PP condenadas es la actual alcaldesa

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid ha reconocido un caso de acoso laboral a la secretaria interventora del Ayuntamiento de Fresno del Torote, próximo a Alcalá de Henares, por parte de cuatro concejales del PP y el entonces alcalde de Unidas Podemos que entraron a la Corporación Local en 2015 al dejarla de "brazos cruzados" a raíz de denunciar un presunto expediente irregular y por su condición de habilitada nacional del sindicato de funcionarios CSIF.

"Me sentí totalmente arrinconada y maltratada", ha aseverado con voz entrecortada Mercedes Sánchez en la rueda de prensa ofrecida esta mañana en la sede de CSIF para relatar cómo plantó cara al entonces alcalde Francisco Galera, de Unidas Podemos, y la entonces edil y actual alcaldesa del PP, Ana Isabel Arias. También formaban parte del equipo de Gobierno los ediles Javier Laguna; Iris Barahona; y Hipólito Esperanza Gutierrez.

La afectada, habilitada nacional de CSIF, entró en 1990 a trabajar en el Consistorio de este municipio madrileño de unos 2.000 vecinos y que se ubica a unos 15 kilómetros de Alcalá de Henares. El acoso a Mercedes comenzó después de las elecciones municipales de 2015 con la entrada de un equipo formado por cuatro concejales del PP y uno de Unidas Podemos, que sería el alcalde.

Según su relato, los intereses "oscuros" y "espurios" se interponían al cumplimiento de la legalidad. El hostigamiento se inició después de que denunciara ante la Fiscalía supuestas irregularidades en un expediente. A partir de ahí, la "arrinconaron" y comenzó a sufrir "un proceso muy doloroso".

Llegaron a abrirle nueve expedientes disciplinarios que fueron archivados y una querella que no dio sus frutos. Se la negó disfrutar de sus vacaciones e incluso se publicaron sus bajas por depresión en la web del Ayuntamiento. Finalmente, los concejales emitieron un decreto para recusarla con carácter general y apartarla de sus funciones como interventora. Fue entonces cuando decidió hacer frente al acoso.

La portavoz nacional de Igualdad y Responsabilidad Social de CSIF, Eva Fernández, ha calificado de "ejemplar" el fallo y ha reclamado "planes de igualdad" en las administraciones conforme a lo establecido en la Ley 3/2007, dado que la resolución reconoce también que se produjo una situación de discriminación laboral al cobrar la interventora 50 euros menos por hora que el vicesecretario por el "mero hecho" de ser un hombre.

Por su parte, el presidente de CSIF de la Administración Local de la Comunidad de Madrid, Víctor Martínez, ha subrayado que se trata de un caso "grave y continuado" de acoso laboral, que ha minado la propia salud física y mental de la víctima.

PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez estima el recurso de la interventora contra el decreto de la Alcaldía de 25 de septiembre de 2018 contra dicha recusación, que anula y deja sin efecto al no estar "ajustada a derecho".

El instructor acuerda que, una vez sea firme, "se deducirá testimonio y se remitirá al Ministerio Fiscal por si hubiera indicios con la actuación impugnada de delito de prevaricación administrativa, así como para que surja los efectos oportunos en el proceso penal por acoso laboral de la demandante".

La sentencia concluye que "entre dicho equipo de gobierno y la demandante existe una clara y manifiesta relación de enfrentamiento y enemistad, provocada por aquellos ante la denuncia de acoso". "Y se proponen entorpecer el ejercicio de las funciones de la demandante en perjuicio del interés general, dado que es titular de un órgano técnico, de asesoramiento y control en beneficio del interés general", agrega.

El juez relata que "a tanto llega la animadversión de ese equipo de gobierno hacia la demandante, que se llega a la situación kafkiana de que es el propio alcalde el que adopta la decisión de recusarla en cuantos asuntos intervenga, lo que equivalía a dejarle de brazos cruzados".