El juicio por el 'caso Guateque' queda hoy visto para sentencia tras cuatro meses de sesiones

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El juicio por el 'caso Guateque' en la Audiencia Provincial de Madrid quedará hoy visto para sentencia tras cuatro meses de sesiones y diez años desde que se iniciaran las pesquisas por la presunta trama corrupta con su epicentro en el seno del Ayuntamiento de Alberto Ruiz Gallardón.

La vista oral, que arrancó el pasado 10 de enero, llegará a su fin con la última palabra de los treinta acusados, de los que a cuatro se han rebajado las penas solicitadas de prisión. Estos cuatro, entre ellos exfuncionarios y empresarios, reconocieron que cobraron o pagaron sobornos. Los procesados afrontan condenas de entre 10 meses y 31 años de cárcel.

A los acusados se les atribuye, según cada caso, delitos de cohecho, delitos continuados de falsedad en documento oficial, delitos contra el Patrimonio Histórico, delitos de tráfico de influencias, delitos de prevaricación ambiental y delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios.

Mañana será el turno de la exposición de informes de los últimos abogados defensores y del Ayuntamiento de Madrid como responsable civil de los hechos.

Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2007 cuando se produjo la detención de 16 personas por orden del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. La intervención judicial en la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente descubrió una presunta red de cobro de comisiones ilegales en el seno del Ayuntamiento.

PENAS SOLICITADAS

En cuanto a las penas, el fiscal reclama 14 años de prisión para uno de los presuntos cabecillas. Se trata de Victoriano Ceballos, quien estuvo al frente de la División municipal de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente. Se le acusa de cuatro delitos de cohecho, seis de negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental.

Otro de los principales acusados es Joaquín Fernández de Castro, a quien se imputa un delito de cohecho, nueve delitos de prevaricación ambiental, y uno de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Se enfrenta a una petición fiscal de 11 años y seis meses de prisión.

Además, pide penas de hasta 21 años de cárcel para los acusados Santiago Castillo y el funcionario municipal Carmelo García. El primero forma parte del grupo de empresarios que se beneficiaron de los favores de los funcionarios.