El juicio por el espionaje a altos cargos de Madrid se celebrará del 4 al 22 de febrero con un jurado popular

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juicio a los presuntos 'espías' a sueldo que habrían realizado en mayo de 2008 seguimientos a exaltos cargos de la Comunidad de Madrid se celebrará a partir del próximo 4 de febrero y hasta el 22 de ese mes, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La causa instruida por la jueza Carmen Valcarce será juzgada por un Jurado Popular de la Audiencia Provincial de Madrid, cuyos miembros tendrán que decidir sobre los hechos de los que se acusa al director de Seguridad en la época de Esperanza Aguirre, Sergio Gamón, y a otras cinco personas, tres de ellos guardias civiles.

Según ha adelantado la 'Cadena Ser', en el banquillo de los acusados de la Sección Quinta de la Audiencia madrileña se sentarán el exfuncionario José Manuel Pinto; los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro. También lo hará el 'número dos' de Gamón, Miguel Castaño Grande.

Fue Manuel Cobo, exmano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, quien denunció que había sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.

Los seguimientos se realizaron en plena batalla por el poder dentro del Partido Popular después de Mariano Rajoy perdiera las elecciones generales.

La causa de los presuntos espías llega a juicio gracias a la Audiencia Provincial de Madrid, ya que la magistrada ordenó tres veces su archivo. La Fiscalía no ejercerá acusación. Sí lo hará el PSOE y la Comunidad de Madrid.

Previsiblemente Granados, exsecretario general del PP de Madrid, comparecerá en la vista como testigo. Ya lo hizo en la instrucción para explicar una reunión en la que los guardias civiles acusados le comentaron que les estaban obligando a realizar los seguimientos.

En el aire está si Ignacio González comparecerá igualmente como testigo. En la Comisión de Investigación, Antonio Coronado Martínez aseguró que el expresidente regional había sido el que le había ordenado seguir a Cristina Cifuentes y a Alberto Ruiz-Gallardón, ambos expresidentes de la Comunidad.

ABOGACÍA DE LA COMUNIDAD

Con Cifuentes como presidenta, la Abogacía de la Comunidad de Madrid solicitó en su día la apertura de juicio oral contra los imputados al considerar acreditado que hubo vigilancias de personas vinculadas al Gobierno regional durante los meses de marzo a mayo de 2008, en la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

La Abogacía de la Comunidad entiende, en su escrito, que los hechos descritos en el caso son constitutivos de un delito de malversación de uso de caudales públicos.

Por su parte, la acusación popular que ejerce el PSOE de Madrid en el caso solicitaba penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados dentro de su escrito para solicitar a la juez Carmen Valcarce la apertura de juicio oral.