A juicio el exalcalde de Navalcarnero por el 'tour' que ideó de las cuevas del casco histórico

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Navalcarnero Baltasar Santos se sienta este martes en el banquillo de los acusados por un delito continuado de prevaricación en relación a una serie de obras que realizó para conectar las cuevas que existen bajo el casco histórico y que no contaron con la autorización de Patrimonio, hechos que se juzgarán el próximo martes en la Audiencia de Madrid.

Santos, que tiene abierto varios frentes penales, ideó una red de galerías para explotar turísticamente las cuevas que existen en Navalcarnero desde mediados del siglo XVIII. En 2002 fueron declaradas bien de interés cultural.

También se juzga a la exinterventora municipal Teresa de Jesús Hermida Martín. Se les acusa de un delito continuado de prevaricación. Santos afronta una petición de nueve años de inhabilitación.

Ambos están acusados de poner en marcha en 2004 una serie de obras situadas en distintas zonas del casco histórico del pueblo, declarado bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico, sin la previa autorización de la Dirección General de Patrimonio Histórico que es necesaria a la hora de acometer una obra.

CONEXIÓN DE CUEVAS

Uno de los proyectos, con un presupuesto de alrededor de un millón de euros según se recoge en el escrito de acusación, consistía en la construcción, consolidación y posterior interconexión de una serie de cuevas bajo el subsuelo de la plaza de Segovia.

Con un simple informe, que no puede alcanzar la consideración de "proyecto de obra", el exalcalde aprobó la adopción de las medidas necesarias para llevar a cabo dicha obra dando también el visto bueno al gasto por el importe presupuestado "ejecutándose la obra haciendo uso de los medios propios del Ayuntamiento".

La Fiscalía subraya que el acusado, "pese a tener pleno conocimiento de las irregularidades descritas, siendo consciente de que se estaban incumpliendo los trámites legalmente establecidos y actuando, por tanto, en claro fraude de ley", presentó el informe como si de un proyecto de obra se tratara "e interesó su aprobación a la Junta de Gobierno, aplicando una figura jurídica que no se ajustaba a las características de la obra a acometer".

En este punto la Fiscalía también aprecia responsabilidades en la otra acusada, Teresa de Jesús Hermida Martín, ya que en su condición de interventora municipal, "faltó a su deber de control y fiscalización, no emitiendo informes negativos ni cuestionando o poniendo en duda la legalidad de las obras pese a las claras irregularidades presentes y de las que tuvo conocimiento".

Pero, además, durante todo el periodo de ejecución de la obra, no se aplicaron los procedimientos habituales en los pagos a los proveedores, "por cuando no consta la elaboración de expediente alguno de contratación para la prestación de los correspondientes servicios y la realización de los correspondientes suministros vinculados a las obras que se estaban ejecutando".

De hecho, y "a sabiendas" ambos acusados de que estaban incumpliendo los procedimientos aplicables al caso, optaron por fraccionar los pagos "creando una ficción de contratación menor o adjudicación directa", una práctica expresamente prohibida por cuando lo que se pretende "es disminuir la cuantía de un contrato para eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación aplicable".

REHABILITACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO

El segundo proyecto contemplaba la rehabilitación de varios espacios del casco histórico, así como la reconstrucción y nueva construcción de pilones en los caminos.

En su reunión de 28 de julio de 2004, la Junta de Gobierno Local, a propuesta del acusado, aprobó el mencionado proyecto, tras haber sido informado solo verbalmente en sentido favorable y no por escrito por Teresa de Jesús.

El resultado final fue que las obras acabaron con un "notable" retraso respecto del plazo inicial, sin que ninguno de los acusados exigieran a las empresas las penalizaciones o indemnizaciones que pudieran corresponderles por una demora imputable a las mismas en la ejecución. Como en el caso anterior no se aplicaron los procedimientos establecidos en los pagos a proveedores y de nuevo fueron fraccionados.

La Fiscalía también tiene en cuenta que a lo largo de los ejercicios en los que se fue desarrollando el proyecto, la partida presupuestaria varió de manera "significativa", lo que dificultó el seguimiento de la ejecución presupuestaria del proyecto ya que "se pudieron imputar gastos a las aplicaciones presupuestarias, imposibilitando un cálculo preciso de los gastos incurridos por el Ayuntamiento para su finalización".

Por último, el proyecto de convenio con la Diócesis de Getafe, que se desarrolló entre los años 2004 y 2011, incluía la construcción, con cargo al Ayuntamiento, de unas casas parroquiales, que fueron inicialmente presupuestadas en 2.105.000 euros, contenía una gran cantidad de irregularidades, lo mismo que otro cuyo objetivo era la rehabilitación en la capilla de la ermita de Santa Águeda.

No es la única causa penal a la que se enfrenta Santos. El próximo marzo también se sentará en el banquillo por el caso del Polideportivo 'fantasma', un presunto caso de corrupción denunciado por el PSOE de Navalcarnero.

Este Polideportivo nunca fue construido, a pesar de que el Ayuntamiento pagó 10,5 millones de euros, según sostienen los socialistas. Los acusados son, además Santos y de la exinterventora Teresa Hermida, el exingeniero municipal, Juan Antonio Martín, así como el representante de la constructora, Martín de la Fuente.

Asimimo, el exalcalde madrileño está inmerso en investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en la adjudicación, modificación y ejecución de las obras de construcción de la Plaza de Toros.

Según el PSOE, El fiscal del Tribunal de Cuentas ya dio la razón al Ayuntamiento en el caso de los pagos no justificados a la concesionaria de la Plaza de Toros, que fueron fijados inicialmente en 180.000 euros anuales, pero que "en diversas ocasiones desde 2006, se incrementaron en más de 355.000 euros adicionales, argumentando mejoras en los festejos que no fueron ejecutadas ni supervisadas".

Además, el caso por "el gasto millonario" en granito del antiguo alcalde de Navalcarnero sigue dos vías, una administrativa y otra judicial, a raíz de la querella interpuesta por la entonces oposición por pagos irregulares entre finales de 2011 y 2014, con informes contrarios de Intervención y Secretaría.

También existen las causas abiertas por la presunta comisión de delitos de prevaricación, falsedad y malversación en la exoneración del pago de licencias por valor de 500.000 euros a una empresa privada vinculada a la Gürtel que construyó un colegio de Navalcarnero.

Finalmente, sigue abierto el caso por la contratación y pago de un paso de Semana Santa que nunca se entregó, así como "otras muchas causas y peritaciones de obras en curso por adjudicaciones anómalas a empresas, con modificaciones, dilación de plazos, sin sanciones y con costes lesivos a las arcas municipales".