Acuerda continuar con la causa para que pueda ser enjuiciada por un Tribunal del Jurado
MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid considera que existen indicios de posible delito de malversación en las presuntas prácticas irregulares en el departamento de Anatomía Patológica del hospital Gregorio Marañón para realizar biopsias y citologías de pacientes de clínicas privadas e acuerda continuar la causa para que sea enjuiciada por un Tribunal del Jurado.
Así lo indica el juzgado en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, y que acuerda la transformación de las actuaciones realizadas en procedimiento ante el Tribunal del Jurado, al concluir la fase de instrucción.
En este sentido, el tribunal considera que existen indicios de presunto delito de malversación en cuatro facultativos, que resulta imputados en un tipo penal que debe ser enjuiciado por el Tribunal del Jurado.
A raíz de la denuncia presentada por CCOO de Madrid ante la Fiscalía, el tribunal entiende que los informes realizados revelan indicios de que se han realizado en este departamento del hospital pruebas que eran de pacientes de varias clínicas privadas.
El juzgado expone conclusiones de la fase de instrucción y sospecha que en el servicio de Anatomía Patológica del Marañón, por medio del laboratorio de Inmunohistoquímica, se llevaron a cabo análisis de muestras de clínicas privadas, sobre todo biópsias y citologías, pruebas "muy costosas".
Para ello, se apoya en un informe de la Inspección de Sanidad que confirma la realización de técnicas de inmunohistoquímica a pacientes del Hospital Nuestra Señora del Rosario y del Hospital San Rafael en el laboratorio mecionado.
En el caso del Hospital Nuestra Señora del Rosario, el juzgado detalla que en el servicio de Anatomía Patológica está contratado un facultativo que factura servicios directamente a los clientes y a las compañías aseguradoras. Este doctor desarrolló su actividad como patólogo del Gregorio Marañón hasta 2012, cuando se jubiló.
No obstante, el juzgado detalla que dos de los facultativos investigados trabajan en jornada de tarde en las dependencias del Servicio de Anatomía Patológica del mencionado hospital privado y también en el Gregorio Marañón.
En el caso del Hospital San Rafael, el centro tiene contratado su servicio de Anatomía Patológica con el Instituto DR Álvarez, cuyo titular es Emilio Álvarez Ferández, otro de los facultativos investigados y que desarrolló su actividad como jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Gregorio Marañón hasta septiembre de 2014.
El juzgado ve indicios de que entre enero de 2014 hasta el 21 de marzo de 2015 se realizaron pruebas técnicas en el Gregorio Marañón para 26 paciente del Hospital Nuestra Señora del Rosario y a otros 271 pacientes entre enero de 2012 y marzo de 2015 a otros 271 pacientes, con un total de 1.701 pruebas practicadas.
En el caso del Hospital San Rafael, la cantidad es de 138 pacientes de este centro entre enero de 2014 a marzo de 2015 y otros 173 pacientes entre enero de 2012 y marzo de 2015, con 1.069 técnicas realizadas utilizando los medios del Gregorio Marañón.
"Para la práctica de estos análisis de pacientes ajenos al Hospital Gregorio Marañón era necesaria la colaboración, además de los médicos mencionados que trabajan en el mencionado servicio, de la técnica de laboratorio, sin perjuicio de la intervención de otras personas", expone el auto para recalcar que esta técnico trabaja en laboratorios de dos facultativos investigados.
Además, el director general de la Inspección de Ordenación de la Comunidad de Madrid remitió un informe al juzgado en el que determinada el coste de las técnicas realizadas de forma indebida a pacientes de centros privados en 62.474 euros, con un total de 2.701 pruebas indebidas. Los investigados depositaron en el juzgado un total de 41.860 euros.
Por su parte, CCOO ha expresado su "satisfacción" por la decisión del juzgado y celebra que se dé "un paso más" en la causa abierta por la denuncia interpuesta por el sindicato en marzo de 2015.
El uso de los medios del laboratorio de este servicio del Gregorio Marañón dirigido a clínicas privadas es, a juicio del sindicato, un "escándalo" y "supuso uno más en la lista de despropósitos como consecuencia de las políticas de privatización de la sanidad pública madrileña".