Los Juzgados de lo Penal se concentrarán a partir de septiembre en San Blas tras adecuar un nuevo edificio en Albarracín

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las sedes de los Juzgados de lo Penal de Madrid se concentrarán en el barrio de San Blas con la adecuación de un nuevo edificio en el número 31 de la calle Albarracín, que estará listo previsiblemente a partir de septiembre de 2018, uniéndose a las instalaciones de las calles Julián Camarillo y Hermanos García Noblejas.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno Regional, Ángel Garrido, durante su visita a la nueva sede de la Audiencia Provincial de Madrid, que concentra ahora las 12 secciones civiles situadas antes en la calle Ferraz y, próximamente, la sección de lo Mercantil.

Garrido ha señalado que las obras para adecuar este nuevo edificio comenzaron la semana pasada, y permitirá que la jurisdicción penal de Madrid se concentre en dos grandes zonas: Plaza de Castilla y este nuevo núcleo penal de San Blas, que en un radio de 100 metros situará los 56 juzgados de este tipo.

"Esto ahorrará traslados a abogados y procuradores y mejorará la atención al ciudadano, en especial, a las víctimas de violencia de género ya que se trasladará allí la oficina de atención", ha avanzado el consejero.

El nuevo edificio, situado en el número 31 de la calle Albarracín, tiene 20.596 metros cuadrados y ha sido alquilado por la Dirección General de Justicia. En este momento se está adaptando para acoger otras sedes judiciales que se encuentran en otros puntos de la capital, como el de la calle de Prim.

De esta manera el de la calle Albarracín y los cercanos de las calles Julián Camarillo y Hermanos García Noblejas concentrán 31 juzgados de lo Penal más uno de refuerzo, seis de lo Penal de Ejecutorias, 11 de Violencia sobre la Mujer y siete de Menores. Además, habrá espacio en reserva para nuevos órganos judiciales.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Choque para las infraestructuras judiciales que ha impulsado la Consejería, y que tiene como objetivo "agrupar sedes para reducir la dispersión y reforzar la funcionalidad y seguridad de la actividad judicial". Este año cuenta con 7,05 millones de euros, mientras que el año que viene alcanzará los 18,2 según lo previsto en el proyecto de la Ley de Presupuestos de la Comunidad 2018 que aún se tramita en la Asamblea de Madrid.