Juzgan al exjefe de la Policía Local de Galapagar por coacciones

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita seis años de prisión para el exjefe de la Policía Local de Galapagar, Juan Manuel González Muñoz, por los delitos de coacciones y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.

El representante del Ministerio Público reclama otros cuatro años de prisión para el que fuera Jefe de Servicio en la Policía Local de Galapagar, José Valle Pérez, por un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. Serán juzgados este miércoles en la Audiencia de Madrid.

Los dos acusados, según el fiscal, organizaron en diciembre de 2012 un dispositivo con objeto de evitar que se celebrara una supuesta macrofiesta ilegal en Nochevieja en la Finca "Villasolita", situada en Galapagar.

José Valle Pérez, en su condición de Jefe de Servicio de la Policía Local de Galapagar, se personó allí el 1 de enero junto a otros tres agentes y no observaron que se celebrara ninguna fiesta motivo por el cual se trasladaron a otra finca situada a unos 400 metros "donde parecía haber una fiesta".

Valle, siguiendo instrucciones del exjefe de la Policía Local de Galapagar, comenzó a redactar un acta de inspección en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas así como otra acta que contenía una denuncia por realizar una fiesta ilegal.

En dichos documentos el acusado hizo constar hechos "a sabiendas de que no eran concordantes con la realidad", tales como que la finca disponía de un nombre comercial "Fiesta del Campillo" o que había menores en su interior consumiendo alcohol.

El acusado instó a los cuatro agentes que estuvieron presentes en el lugar de los hechos a afirmar las actas, pero estos se negaron al considerar que su contenido no se correspondía con la realidad.

A pesar de su negativa, el otro acusado, Juan Manuel González, presionó a sus subordinados "con el fin de amedrentar su voluntad" sin llegar a conseguir su propósito.

Finalmente Valle confeccionó unas nuevas actas que entregó al propietario de la finca en las que ya no constaba, por ejemplo, que hubiera menores ingiriendo alcohol.

Juan Manuel González, sin embargo, persistió en su actitud con los agentes e incoó expedientes disciplinarios contra ellos advirtiéndoles, además, de las posibles consecuencias que podría conllevar su conducta tales como negarse a firmar la permuta de la que estaba pendiente uno de los agentes o alterar los servicios que desempeñaban.