La LEMES endurecerá los requisitos para crear universidades privadas y fija un modelo de financiación para las públicas

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo borrador de la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES), elaborado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y que cuenta ya con el respaldo inicial de la Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (CRUMA), endurecerá los requisitos para crear nuevas universidades privadas, a la vez que fija un modelo de financiación para las universidades públicas.

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, ha explicado este viernes que con la futura ley se establece un marco para la financiación "estable", respondiendo a una de las demandas de los rectores. De hecho, hay un compromiso en la normativa de definir ese modelo en un plazo de seis meses una vez aprobada la ley en la Asamblea de Madrid.

"Creemos que la Educación Superior es un elemento esencial para una sociedad competitiva y pujante como Madrid, que pasa por tener un buen servicio público universitario", ha destacado Van Grieken, que ha insistido en que el objetivo de la nueva norma es dotar de herramientas a las universidades para que sean más competitivas, internacionalizadas y en definitiva, de mayor calidad.

La Consejería ha iniciado la distribución del nuevo borrador de la Ley, esperan que el definitivo, después de casi año y medio trabajando con él y recogiendo las sugerencias y demandas de toda la comunidad educativa. En el caso de los rectores, y después de su último rechazo en mayo de este año, donde hablaban de "carencias" que no se habían subsanado, conocieron el texto el pasado 8 de septiembre de la mano de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

Ahora Van Grieken ha recibido una carta del presidente de la CRUMA y rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Guillermo Cisneros, donde "se reconoce el trabajo realizado por la Comunidad de Madrid sobre el mencionado informe de la CRUMA relativo a la versión anterior de dicho borrador".

Asimismo, entienden que se ha hecho un esfuerzo en aclarar, en el ámbito de sus competencias los aspectos relacionados con las carencias e insuficiencias identificadas en el informe que realizó la Conferencia a este respecto. Este es un punto que han destacado desde el Gobierno regional pues se ha buscado el equilibrio para no injerir ni en la autonomía universitaria ni en la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU).

Los rectores también añaden en su misiva que el nuevo texto le corresponde ahora seguir mejorando el trámite parlamentario con la participación de todos los representantes de la Asamblea, intentando recabar el máximo consenso posible".

Los plazos que maneja la Comunidad en este sentido es que el borrador del anteproyecto sea aprobado por el Consejo de Gobierno para que entre en el Parlamento madrileño sobre noviembre y pueda ver la luz definitiva entre Semana Santa y verano. De este modo, el próximo curso 2018-2019 empezaría ya respaldado por la nueva Ley.

Entre las modificaciones, destaca que se incorpora de forma explícita el servicio público universitario y la universidad no es sólo docencia e investigación sino que conlleva innovación y transferencia, independientemente de quien sea el proveedor. En Madrid hay seis universidades públicas y ocho privadas, con 206.000 estudiantes, además de las sedes de la UNED, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el CSIC, el CIEMAT o los IMDEA.

FINANCIACIÓN BÁSICA Y POR OBJETIVOS

En el apartado de financiación, la LEMES va a dotar a las universidades públicas de un modelo de financiación estable, común y plurianual, para que puedan fijarse las estrategias y los objetivos a largo plazo. Este sistema tendrá dos vías, la básica y la variable, siendo la primera la destinada a cubrir los costes de funcionamiento.

En este sentido, la ley asegurará como suelo de financiación, o bien la que se registró en 2011, que es "la mejor de las situaciones económicas registradas hasta el año pasado" o la situación nominativa que tienen en 2017.

En cuanto a la vía variable, también tendrá carácter plurianual y se tendrá en cuenta con cada universidad, de forma independiente, criterios que puedan medir la investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos con objetivos cuantificables y evaluables, como el número de publicaciones, el impacto de las mismas o la tasa de éxito de las titulaciones.

También destacarán por la adopción de buenas prácticas internacionales, la capacidad para captar fondos para proyectos de investigación, la internacionalización, la atracción de estudiantes extranjeros o sus planes de estudios bilingües, entre otros. Se hará a través de contratos programa establecidos de mutuo acuerdo entre la Universidad y la Comunidad.

MÁS REQUISITOS PARA NUEVAS UNIVERSIDADES PRIVADAS

Otro de los puntos que se han modificado han sido los requisitos para los nuevos proyectos de universidades privadas en Madrid, actualmente con ocho en todo el territorio de la Comunidad, pero con espacio todavía para seguir atrayendo nuevos proyectos, como han señalado fuentes de la Consejería.

De este modo, se quiere poner en orden y dejar claras las reglas del juego para las universidades privadas, que con la normativa también estarán sometidas a un régimen sancionador, hasta ahora inexistente. Es decir, la Comunidad, que tiene potestad para poder cerrar una universidad por incumplimientos pero que es un escenario que nunca se ha contemplado por lo que conlleva, contará con normativa ya que respalden posibles faltas si no cumplen.

Se establecerá una disposición transitoria para que las universidades se adapten en un plazo de dos años, que se eleva a tres en el caso de la adaptación del programa de doctorado.

El papel de los estudiantes también es destacado. La nueva ley contempla la constitución del Consejo de Estudiantes Universitario de la Comunidad de Madrid, y se fomentará la participación de los alumnos en la evaluación del profesorado mediante parámetros de docencia. Además del alumno, también se potencia más el papel del personal de Administración y Servicios.

CONSEJOS SOCIALES DECIDIRÁN EN LAS AUDITORÍAS

También se redefine el papel de los consejos sociales de las universidades, un órgano de participación de las instituciones sociales en la vida universitaria y que a partir de que se apruebe la Ley deberán tomar parte a la hora de contratar la auditoría externa de la universidad y el alcance de la misma.

Asimismo, se aclaran conceptos vinculados al impulso de investigación e internacionalización, con el reconocimiento de grupos y centros de investigación de alto rendimiento y usando el inglés como lengua vehicular, además del castellano.

Otro de los aspectos que se han cambiado en el nuevo borrador es la reformulación del profesor Visitante Distinguido, el profesional que viene del exterior y que será evaluado por la Fundación Madri+d si quiere quedarse con acreditación el sistema universitario madrileño.