Líder de la red acusada de prostituir nigerianas defiende que se le incrimina por ser un político opositor "influyente"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Osaro J.B., el líder de la red que presuntamente traía a mujeres desde Nigeria para prostituirlas, ha defendido que existe una trama contra él para incriminarle por ser un político de la oposición "muy influyente" en su país.

Así lo ha relatado Osaro en su declaración ante la juez de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que, igual que el resto de acusados, ha negado los hechos que se le imputan y solo ha respondido a preguntas de su abogado.

"Soy un político de la oposición muy influyente en mi país, por eso quieren hacerme daño", ha relatado Osaro, para a continuación negar los hechos "que van contra su religión".

Además, ha asegurado desconocer la existencia de los clubes donde presuntamente se prostituía a estas chicas.

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita un total de 186 años de cárcel para los nueve miembros de esta banda que, de acuerdo con su escrito de acusación, se dedicaba a captar y a explotar sexualmente a mujeres traídas de Nigeria con el falso pretexto de ofrecerles un trabajo de empleadas de hogar o cuidadora para, una vez en nuestro país, obligarlas a ejercer la prostitución.

De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, Osaro J.B., para quien el fiscal reclama 46 años y seis meses de prisión, se dedicaba desde 1998 a captar mujeres jóvenes desde en Nigeria y en 2009 contactó a través de uno de sus colaboradores con una chica menor de edad que buscaba la forma de salir de la precaria situación económica en la que convivía con sus padres y nueve hermanos. El acusado le ofreció ayuda para venir a España a estudiar y poder trabajar mientras tanto como azafata o camarera.

Antes de llegar a España, la menor entregó su pasaporte al acusado y, una vez en Madrid, fue trasladada a un domicilio de la calle Pavones donde se encontraba la pareja del acusado, Amenze V.O., para quien el fiscal reclama 43 años y seis meses de prisión, junto con otras jóvenes en la misma situación que esta chica.

En el domicilio, fue informada por Amenze de las condiciones reales de su estancia: le retiraron el pasaporte, el teléfono y la agenda y le prohibieron contactar con su familia salvo que fuera delante de su presencia y con el dispositivo manos libres activado.

Tras ser golpeada, le hicieron creer a raíz de un ritual de vudú que si no cumplía con sus exigencias podría morir ella o alguien de su familia. A continuación, le informaron de que había contraído una deuda de 50.000 euros por sus gastos de desplazamiento a España y que para saldar dicha deuda tenía que trabajar ejerciendo la prostitución.

OBLIGADAS A PROSTITUIRSE

Kingsley O., que se enfrenta a una pena de 37 años y dos meses de prisión, está acusado de instruir a la chica sobre el relato que tenía que contar en la Oficina de asilo para conseguir la correspondiente tarjeta y regularizar así su situación.

Ya con la tarjeta de asilo, Amenze V. viajó con la testigo protegida a Lucena (Córdoba) para que ejerciera la prostitución en el club 'Los Santos'.

La joven se vio obligada a trabajar todos los días de la semana, desde las 17 horas a las 4 horas de la mañana y, además, tenía que pagar al club una cantidad diaria de dinero en concepto de estancia y mil euros semanales a Osaro.

Durante dos años la chica se vio obligada a prostituirse alternando con otro club de La Carlota (Córdoba), llegando a saldar con creces la supuesta deuda de 50.000 euros. Como consecuencia de estos hechos se ha visto afectada psicológicamente "con afecciones de sueños, conductas de evitación, sentimientos de temor, irritabilidad y distanciamiento afectivo".

El caso de las otras tres chicas es prácticamente similar, salvo en el caso de que una de ellas era menor cuando ocurrieron los hechos.

PRESUNTOS PROSTÍBULOS

Todas ellas prestaron servicios sexuales a cambio de dinero en el club 'Los Santos', cuyo titular es la Sociedad Lualca 2009 S.L., y su administrador único y titular del capital social era José María M.B.

Éste era el propietario de los clubs 'Los Ángeles', 'Los Santos' y Montserrat', donde "no hay conocimiento de que se practicara la prostitución", de acuerdo con las palabras del propietario.

Ha explicado que estos establecimientos eran hostales donde se cobraba a las mujeres (mayoritariamente extranjeras) diariamente "en torno a las tres de la mañana" y pasaban largas temporadas residiendo, "varios meses".

Con José María, según el fiscal, colaboraban de forma directa otros tres acusados, los encargados de los clubs: Ángel S.A., Antonio C.T. y José Antonio R. Para todos ellos el Ministerio Público reclama dos años de prisión por el delito de explotación lucrativa de la prostitución.

Todos ellos han negado conocer al resto de acusados nigerianos, sin embargo, los encargados han reconocido a Amenze como huésped en los clubes "hace unos 7 u 8 años".

Además, han desmentido que dicho establecimiento fuera un prostíbulo, "aunque tenían sospechas de que probablemente fuera así".

Las otras personas que se han sentado en el banquillo de los acusados son Friday E., "encargado de llevar en coche a las víctimas al club donde eran obligadas a prostituirse o de abrir cuentas bancarias para recibir los ingresos de sus víctimas", y Kate J.O., "encargada de atemorizar a las víctimas con represalias hacia sus familias si no cumplían las órdenes dadas". Para cada uno de ellos la Fiscalía solicita 37 y 15 años de prisión, respectivamente.

Friday ha negado la acusación de la Fiscalía y ha achacado dichos viajes a que era taxista 'pirata'.

La Fiscalía solicita también en su informe las correspondientes multas derivadas de las atribuciones penales a cada uno de los procesados, la clausura definitiva de los establecimientos 'Los Santos', 'Montserrat' y 'Los Ángeles', así como la libertad vigilada durante cinco años para cada uno de los procesados una vez expire la condena.

Además, se pide que indemnicen a una chica por 56.000 euros; a otra con 35.000 euros; y a las dos últimas con 11.500.