Luis Medina pide al juez que San Chin Choon declare en la Embajada de España en Malasia

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El empresario Luis Medina ha solicitado al juez Adolfo Carretero que cite al empresario malasio San Chin Choon a declarar en el caso de las mascarillas desde la Embajada de España en Kuala Lumpur (Malasia), ante su alegada imposibilidad de desplazarse a territorio español para comparecer por motivos laborales.

En un escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, la representación legal de Luis Medina alega la "capital, necesaria e imprescindible intervención y declaración" del empresario malasio ya que la información que pueda facilitar "es absolutamente imprescindible y relevante" en la resolución del procedimiento,

San Chin Choon es la persona que suministró material sanitario a los investigados Luis Medina y Alberto Luceño para su venta al Consistorio capitalino. El Ayuntamiento de Madrid pagó casi 11 millones de euros, de los que seis acabaron en manos de los comisionistas. Los investigados declararon que eran agentes exclusivos de Leno, la empresa de San Chin Choon.

En este sentido, Luis Medina pide al juez que fije día y hora para tomar declaración por medio de videoconferencia a San Chin Choon y use para ello "los medios pertinentes al Decanato y a la Embajada de España en Kuala Lumpur" y se facilite un traductor jurado del idioma chino para la traducción simultánea.

San Chin Choon trasladó al juez su imposibilidad desplazarse a España para comparecer por motivos labores y se ofreció a declarar en el día 21 o 28 de octubre a las 10 horas a través de una videoconferencia desde la Embajada de España en Kuala Lumpur.

Más Madrid ha solicitado que se cite al empresario malasio en el Juzgado y no por videconferencia. En esta línea, la representación legal de Medina recuerda en su escrito que todos los juzgados, y más después de la pandemia del Covid-19, están preparados para poder acceder al sistema de videoconferencia "de una manera fiable, rápida, económica y eficaz".

El pasado julio, el juez Adolfo Carretero se opuso a la petición de Alberto Luceño de reactivar la comisión rogatoria a Malasia para interrogar al proveedor malasio debido a que este país flagela a sus presos, lo que supone "un obstáculo insalvable para cualquier cooperación judicial".

ANULACIÓN DEL REGISTRO

Por su parte, Alberto Luceño, en otro escrito presentado ante el juez, ha pedido al magistrado que investiga el caso de las mascarillas que revoque y declare nulos las órdenes de entrada y registro en la sede social de Takamaka Investments S.L del pasado 22 de septiembre, en el que la Policía Nacional localizó una placa en la que ponía "agente de autoridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)" y varias impresiones de imágenes de tarjetas de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa.

En el escrito presentado ante el magistrado Adolfo Carretero, el empresario madrileño alega que esta medida carece "por completo de justificación" y se pretende "realizar una investigación prospectiva" casi dos años después del inicio de las investigaciones.

Entre otras cuestiones, alega al respecto que él mismo ha entregado la documentación que se le ha requerido para que obre en la causa. "Es contrario a derecho tratar de justificar una diligencia de entrada y registro señalando que el investigado no ha aportado voluntariamente una hipotética documentación, sin siquiera indicar cuál sería supuestamente, además de que, como obra en autos, no hay documentación que le haya sido requerida y no haya entregado", señala en el escrito consultado por Europa Press.

Además, recuerda que la petición de incautación de ordenadores y teléfonos móviles reclamada por las acusaciones populares no fue atendida por el juzgado, que debería haber resuelto esta petición cuando le fue formulada. "Ello, sin duda, hubiera sido una medida proporcional, y no la injustificada entrada y registro acordada", señala.

"Una diligencia con tamaña injerencia en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, practicada casi dos años después del inicio de la investigación, únicamente puede tener carácter prospectivo", argumenta.

Se trata de una pieza separada que se ha abierto a instancias de la Fiscalía para investigar las comunicaciones entre Alberto Luceño y el empresario malasio San Chin Choon.

El propio juez denegó a Más Madrid el listado de llamadas entre los vinculados a los tres contratos que investiga en el caso de las mascarillas por los que el Ayuntamiento de Madrid pagó 11,6 millones de euros para dotar a la ciudad de guantes, mascarillas y test Covid al inicio del Covid.

En cuanto a la causa general, la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la petición de Podemos de ampliar la imputación a Luceño a un delito fiscal al no apreciar indicios de su comisión por parte de la sociedad que constituyó para dedicarse a sus negocios.