MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde en el Pleno de Cibeles a la nueva ordenanza de Licencias, que "creará más actividad económica con menos trámites y más seguridad", según ha defendido el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes.
El texto ha incorporado una enmienda transaccional del Grupo Municipal Vox y varias enmiendas del Socialista y "da respuesta a una demanda histórica de los profesionales y de la sociedad".
"Ha llegado el día de hacer las paces, administrativamente hablando, entre el Ayuntamiento de Madrid y los ciudadanos, y de cumplir otra promesa electoral, la de aprobar una nueva ordenanza de licencias que borre del mapa todo las complicaciones administrativas que lastran la actividad de emprender, de crear, de construir en nuestra ciudad", ha destacado Mariano Fuentes.
Hasta ahora eran dos las ordenanzas que regulan las licencias, la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas (OMTLU, 2004), referida sobre todo a la edificación, y la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas (OAAE, 2014), centrada en la implantación de actividades económicas. Sin embargo, "en la práctica se había puesto de manifiesto la necesidad de unificar estas normas en una única para dar un criterio homogéneo y mejorar la coordinación de los servicios municipales".
DECLARACIÓN RESPONSABLE
La nueva norma tiene 83 artículos, un 40 por ciento menos que las dos anteriores y "se basa en los principios de simplificación y eficacia, adapta los tiempos de la administración a los de la sociedad, mejora la disciplina urbanística, reduce trámites e incorpora novedades que mejorarán el funcionamiento de la ciudad".
Entre ellas se regulan como únicos procedimientos de control urbanístico el de licencia y el de declaración responsable. Se extiende la declaración responsable --hasta ahora limitada a las actividades económicas-- a determinadas actuaciones en uso residencial para agilizar pequeñas obras y también para adaptar la ordenanza a la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, lo que servirá para la primera ocupación y funcionamiento en edificios de nueva construcción.
Además se crea la figura de la licencia básica para potenciar, activar y facilitar la actividad constructiva en las obras de nueva edificación. Este instrumento, además de dotar de agilidad al sistema, asegurará un control adecuado de los aspectos edificatorios esenciales en su conjunto.
La licencia permitirá a los particulares comenzar las obras en el plazo de un mes, mientras se validan los demás aspectos del proyecto en la licencia general. Funciona como una licencia inicial dentro del proceso general.
FIN DE LA 'TASA INVISIBLE'
Gracias a la licencia básica, la nueva ordenanza elimina la 'tasa invisible', que es el sobrecoste que asume el inversor por el retraso administrativo en la tramitación de las licencias que demora la obra y la encarece, repercutiendo en el precio final de los pisos. Eliminar esta 'tasa invisible' reducirá en torno a un 3 por ciento el precio de la vivienda.
Igualmente se adapta la norma a las nuevas tendencias de la sociedad para permitir que en locales con licencia en vigor se puedan realizar actividades temporales, siempre que no afecten a las condiciones de seguridad, medioambientales, etc.
También se establecen los requisitos para autorizar actividades temporales en espacios abiertos. Estas licencias temporales ofrecerán nuevas oportunidades de negocio y de desarrollo económico en la ciudad.
MÁS COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
La nueva norma también refuerza la colaboración público-privada con un mayor papel de las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), que contarán con un reglamento específico, también aprobado en el Pleno.
Fuentes ha añadido que la nueva ordenanza "contribuirá a reducir aún más los plazos en la tramitación de licencias". En la actualidad, las licencias se otorgan en la mitad de tiempo que hace dos años.
Según el informe anual de la Agencia de Actividades, en el año 2021 entraron 1.282 solicitudes de licencias, un 9 por ciento más que en el año anterior. En cuanto a los tiempos de tramitación, en 2021 se mejoraron con respecto al último año anterior a la pandemia (2019). Así, mientras en 2019 se tardaba de media 196 días en resolver los expedientes, en 2021 se ha pasado a 111 días.