MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La empresa municipal Madrid, Espacios y Congresos, Madridec, ya disuelta, perdió entre 2012 y 2013 cerca de un millón de euros en la compra de obras de arte que iban a ir destinadas a la construcción del Palacio Municipal de Congresos, según se desprende del anteproyecto del informe de fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid que ha emitido al Área de Hacienda del Consistorio de la capital.
Por este motivo se adquirieron obras de arte que estaban inventariadas por un valor de 1.574.924 euros en 2012. Al finalizar 2013 se reconoció una pérdida de valor de 933.259 euros debida a la venta de 30 obras de arte en subasta que causaron un deterioro económico de 467.518 euros.
El resto corresponde a la baja en inventario de una obra sin explicación o justificación por valor de 131.725 euros y la "desaparición" de 14 obras que no han sido localizadas, una de ellas de Chillida, un grabado al agua, valorado en 17.023 euros, destacan en el informe.
En el mismo texto, se recoge que la gestión económica de esta sociedad fue "muy deficiente", lo que provocó "elevados quebrantos patrimoniales, procedimientos administrativos irregulares y contabilidad irregular en la extinción de la empresa", según ha explicado el Consistorio.
La mayor parte de las pérdidas y deterioro de patrimonio registradas por Madridec obedecen a la gestión del Centro de Deportes Acuático, cuya pérdida de valor alcanzó los 143,4 millones de euros. Su valoración en julio de 2010 era de 166,8 millones de euros y en 2013 una tasación encargada por el Ayuntamiento reveló que el valor era de solamente 23,5 millones de euros.
"Se produjo una enorme depreciación y el consiguiente quebranto patrimonial para la empresa pública del 86 por ciento en un cortísimo espacio de tiempo que no ha sido justificada", han apuntado desde el Consistorio.
CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES
Como recuerda el Gobierno de Manuela Carmena, el Ayuntamiento de Madrid cedió en 2011 a Madridec gratuitamente el derecho de superficie sobre una parcela de 33.525 metros cuadrados situada en el Paseo de la Castellana para construir un Centro de Convenciones. Dicho derecho, por 75 años, fue valorado en 79 millones de euros. A ese importe hay que añadir el importe de la obra en curso realizada en la parcela que hasta diciembre de 2013 ascendía a 83 millones de euros.
Según el anteproyecto, solamente en el concurso de ideas para la construcción se presupuestaron 9 millones de euros, pero se facturó posteriormente una cantidad muy superior de 19 millones de euros aunque finalmente únicamente se pagaron 12 millones de euros.
Además, los gastos financieros soportados por la operación ascienden a 13 millones de euros, fundamentalmente procedentes de un préstamo sindicado de 120 millones de euros suscrito por Madridec para esta operación.
Las obras de estructura se encomendaron a una UTE compuesta por Acciona y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por un importe de 72 millones de euros. A 31 de diciembre de 2013 se había pagado algo más de la mitad. En marzo de 2012 la UTE consideró que había ejecutado la obra mínima y detuvo los trabajos interponiendo una demanda contra Madridec por importe de 32 millones de euros alegando que el Ayuntamiento había parado las obras por razones económicas.
A finales de 2016 el Ayuntamiento ha sido condenado a abonar a Acciona y FCC un importe de casi 22 millones de euros (8,4 millones de esa cantidad ha sido pagado en concepto de intereses y costas del procedimiento). Ese importe no estaba provisionado en las cuentas de Madridec. "El resultado final fueron dos agujeros: uno económico de casi 60 millones de euros de obra y otro físico en el suelo, en la zona norte de Madrid", destacan.
Teniendo en cuenta el desequilibrio en operaciones en la Caja Mágica, la venta del edificio de APOT o el edificio Montera, el 'agujero' en la empresa municipal alcanza una cifra cercana a los 431 millones de euros. En este importe estarían sumados las disminuciones de valor de los activos, los sobrecostes en las obras realizadas, las sentencias judiciales contrarias ya abonadas, las pérdidas patrimoniales por enajenación de inmuebles, los gastos financieros por las operaciones citadas y los resultados económicos de contratos de arrendamiento blindados.