Marea de Residencias urge a la Fiscalía a actuar para evitar la prescripción de delitos por las muertes en residencias

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias han urgido a la fiscal jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Ana Isabel García León, a que actúe "de manera ágil" para evitar la prescripción de los delitos de la denuncia presentada a principios de octubre por las dos asociaciones, en representación de más de un centenar de familiares de usuarios que fallecieron en la pandemia.

En la denuncia relatan la "discriminación sufrida" durante el Covid-19, cuando 7.291 residentes murieron sin ser derivados a un hospital en la Comunidad de Madrid.

Así lo pidieron este martes en un comunicado conjunto, en el que explicaron que ayer se reunieron con la fiscal jefa de la Secretaría Técnica para informarle del contenido de la mencionada denuncia.

"Hemos reiterado la necesidad de una ágil actuación para evitar la prescripción de los hechos, que supusieron la denegación discriminatoria del acceso a la sanidad de los residentes y propiciaron el exceso de mortalidad en las residencias de la Comunidad de Madrid", han expresado.

El próximo mes de marzo se cumplirán cinco años desde que ocurrieron los hechos, momento en el que prescribirían los delitos por denegación continuada de asistencia sanitaria, recogidos en el artículo 511 del Código Penal, según han explicado las asociaciones.

La denuncia, que presentaron ante la Fiscalía Superior de Justicia de Madrid, se dirige contra 29 personas, entre las que figuran "altos cargos del Gobierno": los dos directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Madrid durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo; que fueron "el firmante y el autor" de los protocolos que impidieron el traslado de los residentes a los hospitales; contra Pablo Busca, director del SUMA 112 en aquel momento; contra Antonio Burgueño, autor del plan de choque contra la pandemia; y contra los geriatras responsables de aplicar el protocolo en los 25 hospitales públicos madrileños.

Esta fue presentada por 108 familiares de 115 residentes que vivían en 72 residencias distintas de la región y en ella se aporta "documentación inédita" como "informes internos del Gobierno en los que se reflejaba la situación en la que estaban los geriátricos", según explicaron las portavoces de ambas asociaciones.