Más Madrid advierte que el convenio de funcionarios "pone en peligro" el derecho a huelga y pide comparecencia de Albert

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha advertido que el nuevo convenio para el personal funcionario y laboral al servicio de la Administración regional "pone en peligro el derecho a la huelga y la libertad de expresión de los trabajadores públicos" y ha pedido la comparecencia de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert.

Esta reacción llega después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya solicitado a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que actúen contra el nuevo convenio de los funcionarios al considerar que puede restringir el derecho a la protesta de los empleados públicos de la región.

"El acuerdo pone en peligro el derecho a la huelga y la libertad de expresión de los trabajadores públicos y supone unas cláusulas coercitivas y abusivas frente a la protesta", ha remarcado Bergerot en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que "si quiere evitar la huelga, que comience devolviendo la jornada laboral de 35 horas a los empleados públicos, que perdieron tras los recortes de la expresidenta Esperanza Aguirre y todavía no han recuperado, al contrario que ya han hecho la mayoría de las comunidades autónomas".

"No vamos a permitir que haya un Gobierno imponiendo cláusulas de dudosa legalidad ni amenazando a las y los trabajadores", ha subrayado la portavoz de la formación tras registrar una batería de preguntas sobre el acuerdo de la Mesa Sectorial del Personal Funcionario de Administración y Servicios, publicado el 23 de diciembre en el Boletín de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Asimismo, han solicitado la comparecencia de Albert en la comisión de Economía y Empleo para que informe del acuerdo.

LA COMUNIDAD DEFIENDE EL ACUERDO

La firma de este acuerdo tuvo lugar hace dos semanas en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, donde estuvieron presentes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y representantes de los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y CSIT-Unión Profesional.

Este viernes, tras la solicitud de la ministra de Trabajo a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo de actuar contra el nuevo convenio, la consejera madrileña cargó contra Díaz y calificó esta situación de "una intromisión intolerable y un atentado contra los acuerdos, la negociación y contra la paz social".

"Quiere perjudicar a más de 40.000 trabajadores públicos que van a mejorar sus condiciones y que pueden llegar a incrementar su sueldo hasta un 50%. Lo que denuncia es un acuerdo entre dos partes: Administración y Organizaciones Sindicales. ¿Quién es la ministra para tutelar la acción de los sindicatos que han firmado?", señaló Albert.

LA SOLICITUD DE DÍAZ

Según explican a Europa Press fuentes del Ministerio de Trabajo, el artículo 10 y la disposición adicional décima de este convenio "abren la puerta" a que en caso de que se convoquen huelgas, concentraciones o manifestaciones por parte de sindicatos firmantes, la administración pueda acordar la "suspensión de la implantación de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupción de sus efectos retributivos" del personal a su servicio.

El Ministerio de Trabajo expresa en las cartas remitidas este viernes a ambas instituciones que una cláusula de esta naturaleza "castiga el ejercicio de derechos fundamentales" como los de reunión, manifestación o libertad de expresión, constituye un "atentado evidente" a los derechos fundamentales.

También critican las citadas fuentes que implica una "degradación de la participación democrática" de las personas trabajadoras "todavía más llamativa", si cabe, al producirse en los convenios colectivos que rigen las relaciones laborales de los empleados públicos de una Comunidad Autónoma, en este caso la de Madrid.

Trabajo añade que se trata de una cláusula de paz que "desborda lo admisible" para este tipo de contenidos obligacionales, generando efectos más allá de las organizaciones firmantes y generando de forma "asombrosa consecuencias negativas" para las personas trabajadoras más allá de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de libertad sindical.

CC.OO PIDIÓ LA RETIRADA DE DOS ARTÍCULOS

La semana pasada, CC.OO. de Madrid pidió retirar dos artículos del nuevo convenio para el personal funcionario y laboral al servicio de la Administración regional que "podrían conculcar derechos fundamentales y laborales básicos".

"El convenio contiene dos artículos y una disposición adicional que podrían conculcar derechos laborales básicos y derechos fundamentales como los de: libertad sindical y el derecho de huelga e introduce medidas discriminatorias para el personal en función de su temporalidad o fijeza", detalló en un comunicado.

Desde el sindicato aseguraron que una vez han conocido el contenido de esos dos artículos y la disposición adicional, se han hecho "gestiones encaminadas a que se eliminaran los mismos del texto" y han instado a que "se paralizara o se aplazara la firma de dicho convenio hasta que fuera ratificado por las estructuras correspondientes del sindicato".

"Siempre defendemos los derechos de las personas trabajadoras, independientemente de su condición laboral, prestando especial atención durante las negociaciones colectivas a incluir claúsulas de no discriminación y de defensa de los derechos fundamentales y, por supuesto, la salvaguarda del ejercicio de las libertades y no limitación de la acción jurídica y sindical", remarcó.

Desde el sindicato insistieron en que "no va a permanecer impasible ante lo que podría suponer un atropello a los derechos y libertades del conjunto de los trabajadores y trabajadoras y que se socave el prestigio de las CC.OO en su conjunto".