Dicen al PP que no pueden gobernar en favor de "una multinacional que no paga impuestos ni en la ciudad ni en el país"
MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
Más Madrid reclama todas las comunicaciones entre Ayuntamiento y Uber en el diseño del plan de movilidad del festival Mad Cool porque ven "intereses cruzados" a costa del taxi, "víctima del PP en la Comunidad y en el Ayuntamiento desde hace años, con gobiernos que han legislado contra los intereses de ese sector, contra los intereses de todos los ciudadanos", en palabras de la portavoz en el Consistorio, Rita Maestre.
Maestre se ha reunido con asociaciones del taxi para analizar lo ocurrido en el Mad Cool. Desde la Federación Profesional del Taxi, Marcos Rodríguez, ha atacado la "manera vergonzosa" de actuar del Ayuntamiento al "aislar al taxi, también a los autobuses y lanzaderas hacia el Metro, con el perjuicio para ciudadanos, que han tenido que pagar hasta 140 euros por un servicio que en taxi hubieran sido 30".
En la misma línea ha ido el presidente de la Asociación Elite Taxi, Javier Fernández, porque a la salida del festival los asistentes tuvieron que "recorrer kilómetro y medio para llegar a la parada cuando lo más sencillo era ponerla en la puerta pero parece que los 100.000 euros que pagó Uber por estar en el Mad Cool interesan más que el servicio público del taxi".
A las asociaciones del taxi no les sorprende que el Ayuntamiento "facilite esa ubicación a Uber saltándose además la ordenanza de Movilidad, que exige que los primeros que allí presten servicio sean los servicios públicos".
"SE HA ORGANIZADO UN PLAN DE MOVILIDAD AL SERVICIO DE UBER"
La portavoz de Más Madrid en movilidad, Esther Gómez, ha recordado que la ordenanza "exige el fomento y promoción de la salida de estos eventos a través del transporte público y, sin embargo, se ha organizado un plan de movilidad al servicio de Uber, una entidad privada que ha cobrado hasta 130 euros a las personas que querían salir del Mad Cool".
Más Madrid ha "pedido copia de todos los correos, informaciones y comunicaciones que Uber haya tenido con el Ayuntamiento para saber cómo se ha preparado ese plan de movilidad". "Queremos saber por qué el Ayuntamiento no se reunió con las asociaciones de taxistas, como indica la ordenanza, para coordinar el plan de movilidad y darle el sitio preferente al servicio público, que es el único con sus tasas reguladas con precios asequibles", ha indicado.
CARABANTE NO PUEDE SER "EL DELEGADO DE UNA EMPRESA PRIVADA"
Rita Maestre ha instado, por su parte, a que Borja Carabante sea "el delegado de la ciudadanía, no el delegado de una empresa privada". En Mad Cool lo que ha pasado es "la continuación de una política que trata de reducir el transporte, especialmente el taxi, que ha sido víctima del PP en la Comunidad y en el Ayuntamiento desde hace años, con gobiernos que han legislado contra los intereses de ese sector, contra los intereses de todos los ciudadanos", ha expuesto la portavoz de Más Madrid.
"Lo sucedido es que se obliga a la ciudadanía a esperar largas colas y pagar precios desorbitados por un servicio que tendría que estar garantizado de forma pública", ha remarcado la edil apostillando que "se ha violado el artículo 231 de la ordenanza de Movilidad, que habla de que en eventos de gran afluencia tiene que existir un plan de movilidad donde se priorice el transporte público, algo que en este evento no ha ocurrido".
En Más Madrid perciben "intereses cruzados entre el PP y Uber", con las informaciones periodísticas sobre esta compañía como telón de fondo. "Es una gran empresa con prácticas mafiosas, que tiene intereses y puertas giratorias con muchos gobiernos y muchas administraciones", ha declarado Rita Maestre.
También ha resaltado que "en esos `Papeles de Uber' aparece el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, "antes viceconsejero de transportes, que forma parte de las personas contactadas por Uber para avisar de que iban a empezar sus prácticas en Madrid".
"Queremos que el Gobierno gobierne para toda la ciudad, no para proteger los intereses de una multinacional que no paga impuestos en nuestra ciudad ni en nuestro país y que no garantiza el servicio ni el derecho a la movilidad en Madrid", ha concluido Maestre.