Más Madrid remarca que el auto de archivo "considera lógica la preocupación" de Sabanés por la continuidad de BiciMad

Y que la solución adoptada "no parece responder a un interés arbitrario o particular, ajeno al interés público"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid, tras la desestimación definitiva del recurso del PP por al archivo de la querella contra la concejala Inés Sabanés y el exgerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, en relación a BiciMad, ha subrayado que la decisión de la Audiencia Provincial "considera lógica la preocupación" del anterior equipo de Gobierno y la entonces delegada de Medio Ambiente y Movilidad, para "garantizar la continuidad en la prestación de ese servicio de bicicleta pública".

Destacan igualmente desde el grupo municipal que el auto deja claro que la solución adoptada, que pasó por que la EMT gestionara BiciMad, "no parece responder a un interés arbitrario o particular, ajeno al interés público, de ninguno de los querellados".

El Grupo Popular presentó una querella contra Sabanés y Heredia por supuestos delitos de malversación y prevaricación en la firma del contrato por el que se cedía la concesión del servicio BiciMad por la entidad Bonopark S.L. a la EMT. La querella fue admitida a trámite en febrero de 2018.

Finalmente un juzgado de instrucción concluyó, en plena campaña de las municipales de mayo, que no había quedado acreditada la existencia de indicios de que la cesión del contrato de BiciMad a la EMT fuera contraria a la legalidad pues su tramitación se ajustó al procedimiento administrativo y su finalidad respondía a un interés legítimo del Ayuntamiento, la adecuada prestación de un servicio público.

Tampoco se acreditó que el precio de la cesión excediera del valor de los activos transmitidos. "Pese a la contundencia del auto de sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias penales, el Grupo Municipal Popular presentó recurso de apelación, que acaba de ser desestimado por la Audiencia Provincial de Madrid", apuntan desde Más Madrid, que remarcan que con el auto hoy conocido "queda descartada la comisión de delito alguno por parte de la concejala ni del exgerente de la EMT".

De hecho, tal y como indica el grupo municipal, la Audiencia Provincial reitera que "de la prueba pericial practicada se acredita que el precio pagado fue acorde y ajustado al contrato celebrado", a lo que añaden que el interventor delegado de Medio Ambiente y Movilidad "no puso reparos a la cesión de BiciMad a la EMT en ningún momento anterior o posterior a su aprobación por el Ayuntamiento y en el sentido previsto en el artículo 215 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales".

Más Madrid recuerda asimismo que las directivas de la Unión Europea no prohíben la contratación doméstica ni interfieren con la libertad de los poderes públicos para ejercer las funciones de servicio público utilizando sus propios recursos.

Tampoco obvian desde la formación que el propio informe del Grupo Municipal Popular revela la "mala" situación económica financiera de Bonopark, algo que también aparece ya en la comisión de investigación en orden a las dudas sobre la capacidad de la sociedad limitada para cumplir sus compromisos al serle adjudicado el contrato por el equipo de gobierno de la exalcaldesa Ana Botella.

En Más Madrid ponen además el foco en que la Audiencia Provincial de Madrid recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional para avalar que en este caso "se ha producido una investigación oficial eficaz y que la realización de todas las diligencias de instrucción posibles o propuestas por el querellante conduciría a instrucciones inútiles en perjuicio de los intereses y derechos constitucionales de los querellados y de una racional gestión de los recursos de la Administración de Justicia, resultando inútil e incluso improcedente cualquier medida investigadora que, ya sin poder alterar la convicción del Juez, prolongase indebidamente la causa".

SERVICIO "EN PELIGRO DE EXTINCIÓN"

Ayer Inés Sabanés alertaba en rueda de prensa de que el servicio público de Bicimad "está en peligro de extinción", por lo que no descartan acciones políticas, reivindicativas y judiciales una vez que hayan recabado todos los datos solicitados al Gobierno y después de elevar una pregunta en este sentido en la comisión del ramo de la próxima semana.

Ante declaraciones de miembros del Gobierno municipal abriendo la puerta de la privatización, se constata "un aumento de las quejas ciudadanas porque el servicio ha empeorado y está siendo vandalizado". "La merma en la calidad de los servicios es siempre el primer paso en los procesos para después privatizar", advertía ayer la portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre.