MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
Medio centenar de colectivos y asociaciones de diferentes sectores de la sociedad civil han convocado una manifestación unitaria para el próximo día 26 contra el anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración regional, conocida como 'Ley Ómnibus', al considerar que atenta contra la democracia en la región y favorece la privatización de servicios públicos.
En concreto, tendrá lugar el día 26 a partir de las 12 horas entre Atocha y Sol y está impulsada por colectivos sociales como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción de Madrid, los sindicatos CCOO de Madrid y UGT Madrid, organizaciones que ya impulsaron una recogida de firmas dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para reclamar la retirada del proyecto.
Previamente, este domingo, día 20, tendrá lugar el primer acto de protesta contra esta normativa con un una protesta convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP)-Marea Blanca a las 12 horas desde el Ministerio de Sanidad hasta la Puerta del Sol.
Así lo han puesto de manifiesto diferentes portavoces de estos colectivos durante una rueda de prensa en la librería 'Traficantes de Sueños' en la que han advertido en que esta norma compromete el presente y el futuro de la Comunidad con un ánimo privatizador y atentando contra los beneficios de los ciudadanos y el medio ambiente.
Durante la rueda de prensa, Quique Villalobos, presidente de la FRAVM, ha pueto de manifiesto que la falta de transparencia y participación en unas reformas "de calado" que afectan al funcionamiento de nuestra democracia en la Comunidad.
De este modo, han trasladado su oposición a esta ley que supone la modificación de 33 leyes y 5 decretos vigentes en la Comunidad de Madrid sobre materias como urbanismo, medio ambiente, carreteras, sanidad o transportes e incluye además 15 nuevas disposiciones que afectan a ámbitos como Hacienda pública, ordenación del juego, entidades locales, servicios sociales o la Administración digital, entre otros.
Según han defendido, con esta 'Ley Ómnibus' se introduce un conjunto de medidas que en realidad suponen otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos y áreas de gobierno en la región afectando negativamente a los derechos colectivos y bienes comunes.
PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD
Uno de los aspectos más polémicos es la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, centrada en la contratación de suministros, bienes y servicios que sean declarados de gestión centralizada en este campo. Sobre este punto, consideran una pretensión clara de impedir el control parlamentario y vulnerar el derecho de ejercicio democrático de la ciudadanía a través de la privatización.
"Es una licencia para matar de los voceros de la libertad y que va a condicionar y a peor la salud de los madrileños", han explicado desde la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP)-Marea Blanca, en línea con el modelo de Estados Unidos, con 45 millones de personas sin asistencia sanitaria.
Según ha señalado, se aparta de las garantías que ofrece el procedimiento administrativo al que se somete cualquier ente público y supone un deterioro de la calidad del servicio público, que consideran que debe estar gestionado de forma totalmente directa y no bajo el método de "empresa camuflada".
ATAQUE AL MEDIO AMBIENTE
En materia de Medio Ambiente, contempla una modificación del Ley del Suelo y adecuar la regulación a la legislación estatal básica a la norma estatal en lo referente a las actuaciones de transformación urbanística con medidas que, según advierten, causará "irreparables daños" medioambientales al facilitar la caza en zonas hasta ahora prohibidas y de máxima protección o permitir tratamientos silvícolas, aprovechamientos forestales, obras y actuaciones en las zonas de mayor protección sin mayor control administrativo.
Además, han indicado que se posibilita autorizar negocios y actividades hasta ahora no permitidas por su alto impacto, como los negocios hosteleros, hoteleros y de turismo rural, así como el uso residencial en zonas no urbanizables de protección y anula la participación pública en la tramitación de los planes de gestión.
Durante la rueda de prensa, las portavoces María Ángel Nieto y Aurora Justa han puesto el acento en que se trata de cuestiones que favorecen a los propietarios del suelo, frente al beneficio que debería primar para la ciudadanía y el medio ambiente. "Supone un caso claro y evidente de regresión ambiental, al retroceder en el nivel de conservación y de protección", han señalado.
Especial atención en esta materia han puesto a las modificaciones que afectan a la Ley del Suelo, al permitir una forma de planificación que prima más "el beneficio económico" a costa de menos cesiones de suelo, dotaciones y equipamiento. "Impera la actividad económica sacar rendimiento de todo el suelo posible sin tener en cuenta la calidad de vida de los ciudadanos. Contravienen beneficio social y calidad de vida de la ciudadanía, que queda absolutamente apartados", han explicado.
"Permite grandes actuaciones por el simple interés económico; no por el alcance regional", ha indicado Justa, quien además ha resaltado que se posibilita todo ello sin el requisito de "fundamentación y plan de viabilidad".
"Si un proyecto es fallido en vez de obligar al titular de la operación a restaurar el territorio se permite que diferentes sociedades se subroguen en esta actividad. Un macroproyecto nunca se va a parar, sino que se seguirá subrogando y revendiendo", ha indicado.
Entre otras cuestiones, han puesto el acento en las modificaciones sobre la Ley de Montes sobre las ocupaciones en caso de lugares de interés general, poniendo como ejemplo casos como la explotación de la estación de esquí de Navacerrada, o las relativas a la declaración de los parques regionales como el del Manzanares o del Parque Regional del Suroeste. También han remarcado la falta de requisito de evaluación ambiental, ejemplificando como "caso llamativo" el de las plantas embotelladoras, o la modificación de la clasificación ambiental de los vehículos para extender su circulación hasta 2027.
Igualmente, han remarcado que irá contra los Ayuntamientos, para los que supone una "muy importante" fuente de ingresos para sus arcas las tasas de las licencias y edificación", pero que a partir de ahora irán a empresas privadas.
SECTOR DEL TAXI
Desde el sector del taxi consideran nociva para su actividad esta Ley Ómnibus, que establece que la competencia para la regulación y gestión de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) corresponde a la Comunidad de Madrid. Así, apuntan que podría estar vulnerando el derecho al trabajo recogido en la Constitución Española y a una remuneración justa porque se "salta de manera flagrante" el conocido como Decreto Ábalos, que recoge la necesidad de mantener la proporción 1:30 entre VTC y taxi.
Desde Élite Taxi, Cecilio González, ha advertido que busca "uberizar el transporte público, empezando por el eslabón más debil que es el taxi", con la finalidad de lograr un "capitalismo salvaje" como motor para todo el transporte público. "Se quiere salvar 8.000 VTC a costa de cargarse 25.000 familias que viven del taxi", ha lamentado Javier Fernández, presidente de la asociación.
Igualmente, se ha denunciado que la norma fue presentada en plenas fiestas navideñas y sin tiempo para presentar alegaciones. El Gobierno regional la publicó el 23 de diciembre en el portal de transparencia el anuncio de trámite de audiencia e información públicas, estableciendo el reducido plazo de 7 días hábiles, entre Nochebuena y Nochevieja, para la presentación de alegaciones.
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