La Mesa acuerda elevar a la Fiscalía el dictamen de la comisión de deuda por la gestión de M-45 o Campus de la Justicia

PSOE, Podemos y Cs recomiendan "la personación de la Comunidad de Madrid, en las causas abiertas, instando las acciones penales en calidad de perjudicada"

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha acordado este lunes elevar a la Fiscalía Anticorrupción el dictamen de la comisión de Estudio sobre la Auditoría del Endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid que concluye que no hay informes técnicos que justifiquen inversiones en Metro Ligero, M45, hospitales o Campus de la Justicia.

Los grupos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos), con el rechazo del PP, han acordado "elevar" a la Fiscalía Anticorrupción este dictamen para que "pueda analizar si de él se desprenden ilícitos penales, civiles o administrativos".

En los casos en los que se haya detectado, Canal y Ciudad de la Justicia, o pudieran detectarse a futuro, recomiendan "la personación de la Comunidad de Madrid, en las causas abiertas, instando las acciones penales en calidad de perjudicada".

"Es necesario esclarecer responsabilidades penales y contables cuando las hubiera entre los responsables y analizar la validez de los contratos firmados en el caso de que éstas concurran", solicitaron cuando aprobaron el dictamen en comisión.

En el caso del Campus de la Justicia, el dictamen señala que determinadas decisiones políticas "significaron la utilización indebida de dinero público". En este sentido, indica que los edificios destinados a albergar las sedes judiciales de la región están "viejos y obsoletos" pero, sin embargo, "no se ha hecho ningún estudio de la demanda o de las alternativas que avalen la inversión de más de 500 millones de euros".

Asimismo, el texto remarca que en la gestión del proyecto se constataron conductas que "apuntan claramente al despilfarro y otras posibles responsabilidades", como "la ausencia de documentación sobre utilización de tarjetas de crédito Visa Platino, de control de los saldos bancarios o una excesiva discrecionalidad en el proceso de contratación de proveedores y contratistas".

Por otra parte, alerta de que podría haberse hecho "una gestión fraudulenta del sistema de contratación como en el caso del Canal de Isabel II que tiene una investigación abierta o en el Campus de la Justicia como indican el Tribunal de Cuentas y la Abogacía General de la Comunidad de Madrid".

El dictamen destaca que la compra de Emissao es una operación financiera de carácter "especulativo". La secuencia de los hechos "demuestra que en realidad no se ha comprado nada, sólo una empresa vacía sin actividad". "El resultado es una pérdida de 36 millones de euros que han pagado las arcas públicas", pone de manifiesto el texto.

En el caso de la M-45, en el Plan Regional de Carreteras 1994-2001 considera que "no se hace ninguna mención a la necesidad de una nueva carretera, ya que según los técnicos de la Consejería, la construcción de la M-50 era suficiente para el desarrollo transversal de la región".