Ministerio llevará a cabo un estudio de viabilidad sobre la prolongación de la línea de tren de Móstoles a Navalcarnero

La Comunidad se felicita de que "el Gobierno de España por fin quiera ejercer sus competencias"

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana va a realizar un estudio de viabilidad sobre la prolongación de la línea de tren entre Móstoles y Navalcarnero, unas obras iniciadas por la Comunidad de Madrid que quedaron paralizadas en 2010, en plenas crisis financiera.

El departamento que dirige en funciones Raquel Sánchez ha confirmado que llevará a cabo este estudio de viabilidad sobre la citada conexión ferroviaria y que estará abierto a todas las opciones, una información adelantada por 'El Confidencial'. En cualquier caso, han precisado a Europa Press fuentes del Ministerio, la responsabilidad de lo que se ha ejecutado es de la Comunidad de Madrid, "que fue la administración que promovió esa actuación".

En concreto, las obras de prolongación para conectar con la C-5 de Cercanías, con las que pretendían cubrir un trayecto de 15 kilómetros, fueron adjudicadas a OHL por el Ejecutivo regional en 2009, con un presupuesto de 369 millones de euros. Tras invertirse más 140 millones, la concesionaria lo paralizó en 2010.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha felicitado de este primer paso por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y han dicho confiar en que esta infraestructura se pueda terminar y poner a disposición "para el beneficio de todos los ciudadanos".

"Felicitar que el Gobierno de España por fin quiera ejercer sus competencias y quiera entender que las Cercanías son competencia en este caso del Gobierno de España y por tanto tienen una infraestructura a su servicio", ha señalado el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Al hilo, el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local ha insistido en la petición al Ministerio de mejorar la red de Cercanías en Madrid y aumente la inversión.

Tras cinco años con las obras paradas, la empresa concesionaria presentó en junio de 2015 una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por "imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" y reclamando 285 millones de euros de indemnización.

Ante esto y apoyados en un informe del Consejo Consultivo a favor, en 2016 iniciaron un expediente a la empresa imponiéndole 34 millones de euros de penalidades y dándole 16 meses para la ejecución de las obras (plazo que terminó en septiembre 2017).

Tras no obtener respuesta, el Gobierno regional reclamó a la adjudicataria una cantidad de más de 300 millones de euros por "incumplimiento de contrato", mientras que la empresa entró en liquidación en 2017 exigió a la administración más de 370 millones en concepto de responsabilidad patrimonial.

En octubre de 2011, el Tribunal Supremo tumbó el recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que se estimaba que la resolución del contrato de este tren de cercanías, así como la petición de 356 millones a OHL, como se llamaba antes la compañía, debían ser declaradas nulas.

OHLA recibió un abono de 162,5 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid por la liquidación del contrato que proyectaba para la nueva línea, de los que más de 123 millones correspondían a la liquidación de las inversiones realizadas que sí se acometieron. El importe restante, responde a los intereses de demora desde la fecha en que debió abonarse y al IVA legalmente aplicable.