Constitución de la Asamblea de Madrid
EUROPA PRESS
Actualizado: lunes, 24 julio 2017 13:21


MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid han registrado una Proposición No de Ley (PNL) para instar a la modificación del reglamento de la Renta Mínimo de Inserción (RMI) a "suprimir la penalización" que se aplica cuando dos o más personas perceptoras de la ayuda compartan la misma vivienda, aunque no mantengan relaciones de parentesco.

Según explica el texto de la iniciativa, el decreto que establece el reglamento para la concesión del RMI establece que cuando dos o más personas perceptoras de la ayuda comparten la misma vivienda, aunque no mantengan relaciones de parentesco, la cuantía de la prestación se reducirá.

En concreto, establece un 20 por ciento aplicables en función del número de miembros que integran la unidad de convivencia, cuando sean dos personas las que comparten piso.

A su vez, se reducirá el 30 por ciento de la cuantía de la RMI en función del número de miembros que integran la unidad de convivencia, cuando ésta se produzca entre más de dos personas. Este coeficiente no se aplica en el caso de pensiones, hostales, viviendas comunitarias o centros de tratamiento, entre otros.

Frente a ello, los grupos que han suscrito la PNL consideran que este coeficiente supone "una reducción importante en la cuantía de la prestación, dado que la reducción se realiza directamente desde el baremo --cuantía inicial aplicable--, lo que puede determinar en algunos la denegación de la prestación".

Los grupos de la oposición exponen que la medida aplicada a los casos de beneficiarios que comparten piso "penaliza a quien menos tiene y sanciona a quien carece de vivienda y se ve obligado a compartirla para poder subsistir".

"Es una medida injusta ya que sólo se aplica si la otra persona es perceptora de RMI, no perceptora de otras prestaciones similares (...) Además, su aplicación ha ocasionado muchos efectos no deseados derivados, como cambios de empadronamiento para evitar la reducción, o búsqueda de otros alojamientos, sobrecargando las tareas administrativas, dada la obligación de comunicar variaciones o de suspensiones cautelares en caso de no comunicarse los cambios", recoge la iniciativa.

Los tres grupos parlamentarios también señalan que este coeficiente reductor genera "fuertes críticas desde diversos sectores sociales" y recalca que el propio consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, manifestó en 2016 que un total de 1.845 personas beneficiarias de la RMI "sufrieron un recorte" en sus pagas entre un 20 y un 30 por ciento por compartir vivienda, por lo que se estaba elaborando un nuevo reglamento que rebajara o quitara dicho coeficiente.

Finalmente, exponen que esta reducción "va contra el espíritu, los objetivos y las medidas" que se recogen en la Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021 en relación a la garantía de ingresos y a las medidas de inserción social.

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