Organizaciones LGTB piden a Cifuentes protección a víctimas de violencia en parejas homosexuales

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Varias organizaciones de apoyo a los derechos de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales han presentado una petición formal a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que se desarrolle lo antes posible el artículo 28 de la Ley regional contra la LGTBifobia en lo que respecta a violencia familiar dentro de parejas del mismo sexo.

En la petición formal, registrada este miércoles por la mañana, recuerdan que este artículo de la Ley madrileña obliga a la Comunidad promover acciones de prevención y lucha contra cualquier forma de violencia que se ejerza en el ámbito familiar por causa de la orientación sexual y/o identidad de género de cualquiera de sus miembros, "y garantizará la protección de las personas LGTBI que sufran violencia en los ámbitos descritos", entre otras medidas de protección.

Las organizaciones, incluyendo las organizaciones policiales LGTBI, han señalado que conocen casos de dicha violencia, y tras el asesinato de una mujer por su pareja también mujer el 15 de abril de este año en Barcelona, han decidido que la situación "no admite más demoras".

"Compartimos que la violencia intragénero y la violencia de género son dos situaciones diferentes, y por tanto pueden necesitar recursos o protocolos diferentes, pero que sean situaciones diferentes no puede ocultar la realidad de que la violencia intragénero existe y dado que hasta ahora todos los estudios realizados en nuestro país están indicando estadísticas parecidas de prevalencia a las de la violencia de género consideramos que es un asunto de emergencia social al que se le debería dar respuesta cuanto antes", señalan.

Para las organizaciones firmantes, que se encuentran además a punto de apoyar la presentación de un estudio sobre violencia intragénero realizado por la Psicóloga Isabel González de COGAM, con el apoyo de los datos obtenidos en la Tesis del doctro Antonio Ortega con más de 2.000 personas entrevistadas, "la situación ya no puede esperar más". "De nada vale tener leyes si no se desarrollan. Las víctimas no pueden seguir esperando", han concluido.