MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -
Casi una veintena de padres y madres separados o divorciados que han sido privados de la custodia de sus hijos han demandado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a los equipos psicosociales de los juzgados de familia y solicitado su suspensión cautelar, según informó hoy a Europa Press uno de los demandantes y presidente de la asociación Projusticia, Francisco Zugastiagui.
La demanda, promovida por la asociación en defensa de la custodia compartida Amnistía Infantil, pide asimismo la nulidad de todos los informes realizados desde la puesta en marcha de estos equipos en la década de los 90, así como las correspondientes resoluciones judiciales.
A juicio de los demandantes, las decisiones de estos equipos tienen "nula garantía jurídica" al no tener sus usuarios "capacidad alguna para contradecir o rebatir tanto la metodología como los criterios o los resultados al no facilitárseles ninguna de ellas". Asimismo, añaden que las entrevistas a las partes y a los menores no se graban, quedando lo dicho en las mismas y la interpretación de las manifestaciones bajo la "credibilidad e interpretación" del equipo psicosocial.
Por otra parte, consideran que la metodología "carece del menor rigor científico". "Estos equipos funcionan en base a ideología en vez de a criterios científicos. De hecho sus criterios y métodos se parecen más a las echadoras de cartas de los teléfonos 806", explicó Zugastiagui.
Además, advierten de que el Colegio de Psicólogos no tiene control alguno sobre estos equipos que, por lo tanto, realizan su labor sin estar colegiados e incluso sin la titulación y formación necesaria. De hecho, aseguran que son contratados de forma irregular al ser elegidos de las listas del INEM en base a criterios de "amiguismo" y "afinidad ideológica" en vez de ser elegidos de forma aleatoria de las listas que el Colegio de Psicólogos elabora al efecto.
Los demandantes, que se personarán mañana, martes 21 de mayo, ante el TSJ de Madrid para subsanar algunos efectos de forma, subrayan que próximamente otros afectados de diferentes comunidades autónomas llevarán a cabo acciones similares.