Paloma Martín replica a Abel Caballero que la Ley de Residuos viene "del Gobierno de Sánchez, no de las comunidades"

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín - Jesús Hellín - Europa Press
Publicado: miércoles, 30 noviembre 2022 10:39


MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha contestado al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, que la nueva Ley de Residuos viene "del Gobierno de Pedro Sánchez, no de las comunidades autónomas".

Martín ha contestado así después de que Caballero declarara que son los ayuntamientos los que están recaudando por los residuos, en vez de los Gobiernos regionales, siendo un canon de las comunidades autónomas. "La norma está mal enfocada en esta dirección porque los municipios no somos los recaudadores de las tasas de las comunidades autónomas", apuntaba el socialista durante la reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP, que se reunió ayer en Estepona (Málaga).

"Quiero recordar al presidente de la FEMP que es la nueva ley de 2022 (de carácter) estatal, es decir, de Pedro Sánchez, la que establece el nuevo impuesto al vertido, no las comunidades", ha replicado Paloma Martín.

La consejera ha añadido que en el caso de la Comunidad de Madrid se han decantado por que no haya impuestos propios añadidos "porque el gobierno de Isabel Díaz Ayuso abogó por una fiscalidad baja y sin impuestos".

"Eso sí, las comunidades tenemos la obligación de aplicar la normativa estatal. Lo que sí habilita esta ley del Gobierno de la Nación es a poder incrementar dicho impuesto y a ello hemos renunciado en la Comunidad de Madrid, a diferencia de otras", ha apostillado la consejera madrileña.

Martín ha explicado que el impuesto al vertido lo que hace es gravar el depósito de residuos en vertedero o incineración, "lo que afecta directamente a empresas y municipios". "Somos conscientes de la dificultad de su aplicación porque va a entrar en vigor sin dar tiempo a los afectados a adaptarse a la ley. Y no puede venir en peor momento, con la inflación desbocada y los altísimos costes energéticos que están tensionando los presupuestos municipales", ha remarcado.