La pareja de la abogada Dolores Martín niega que la familia esté acosando al juez por la custodia de su hija

La letrada está acusada de ordenar el asesinato de su ex marido, cuya muerte se produjo el día en que le otorgaron la custodia de la niña MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pareja de la abogada Dolores Martín Pozo, que permanece en prisión por presuntamente encargar a unos sicarios el asesinato de su ex marido, Miguel Ángel Salgado, negó hoy que su familia esté acosando al juez de Familia Juan Pablo González del Pozo, encargado de decidir sobre la guarda y custodia de la hija de Martín Pozo y Salgado, de 7 años.

El magistrado, al frente del Juzgado de Primera Instancia número 24 de Madrid, ha solicitado amparo al Consejo General del Poder judicial (CGPJ) por la supuesta campaña de "descrédito" dirigida por Carlos San Juan, la actual pareja de Dolores Martín. San Juan recrimina al juez haber separado a la niña y a su hermano -sólo de madre-, fruto de la relación que mantiene con la abogada.

"No pretendemos ni acosar al magistrado, ni influir en sus decisiones judiciales, ni desacreditar a su persona y ni mucho menos provocarle para que se querelle. Dolores y su familia pretenden únicamente que se aplique la Ley, buscando el mayor beneficio de sus hijos", señala San Juan en un comunicado.

Actualmente, la hija de Martín Pozo y Dolores está bajo tutela de la Comunidad de Madrid en el Centro de Acogida Isabel Clara Eugenia, en Hortaleza. La tutela se acordó tras detectar una psicóloga independiente designada por la Comunidad que la menor sufría un grave "deterioro" psicológico debido a la supuesta manipulación a la que le sometió su madre durante los trámites del divorcio y a las situaciones que le había tocado vivir (alejamiento de la figura paterna y enfrentamiento entre familias).

La custodia será revisada el próximo octubre y se decidirá conforme a los resultados que se extraigan del informe que emita el centro de acogida sobre la evolución de la menor. La Comunidad ha adelantado ya al juez, según las fuentes consultadas, que la chica "evoluciona positivamente", disfrutando con visitas tanto de la familia materna como paterna.

Según fuentes jurídicas, el acoso desplegado contra el juez estaría encaminado a influir sobre la decisión de la custodia de la menor, puesto que la acusada de ser la inductora del asesinato de su ex marido pretende que recaiga sobre los abuelos maternos. Las fuentes del TSJM indicaron que la familia busca provocar al juez para que interponga una querella por injurias o una demanda de protección del derecho al honor, lo que abriría la puerta para que los allegados de Dolores puedan recusarle y apartarle así del proceso judicial.

Los ataques lanzados por los allegados de la letrada encarcelada se lanzan a través de un blog colgado en Internet a cargo del actual compañero sentimental de Dolores, afirmaciones en medios de comunicación y pequeñas protestas que organizan en la misma puerta de los Juzgados de la calle Francisco Gervás, donde reparten folletos en contra del juez para denunciar la separación de los dos hijos de la acusada y vociferan proclamas contra el mismo a través de un megáfono.

ASESINATO DE SALGADO

El asesinato de Salgado se produjo la tarde del 14 de marzo de 2007, el mismo día que el juez González del Pozo dictó la sentencia de divorcio concediendo la custodia de la hija al fallecido. Además, la resolución judicial prohibió en los seis meses sucesivos "comunicación, visita y contacto alguno de la menor con su madre" a la vista de la manipulación que había ejercido Dolores sobre la pequeña durante el trámite de separación, que se inició en 2002.

Horas después de que se emitiera esta sentencia, Salgado fue abatido en el garaje de su domicilio, en el número 3 de la calle de los Caretos (Ciempozuelos). El sicario que supuestamente fue contratado por Dolores, a través de Eloy Sánchez Barba, le descerrajó tres tiros; uno en la mano, otro en el tórax y el último en la cabeza.

Según las investigaciones, el móvil que llevó a la abogada a encargar el asesinato de su ex pareja fue impedir la pérdida de la custodia de su hija. La historia de Dolores y Miguel Ángel arrancó en julio de 1998, cuando la pareja contrajo matrimonio. Dos años más tarde, surgió la primera crisis de la pareja que acabó, en 2002, con una demanda de separación a instancias de Salgado.

NEGATIVAS A ACUDIR AL PUNTO DE ENCUENTRO

A partir de ahí, comenzó el calvario del marido de la abogada. En 2002, el juez dictó un auto de medidas provisionales, otorgando la guarda y custodia de la menor a la madre. Durante los meses posteriores, Dolores se negó a llevar a su hija al punto de encuentro acordado por el Juzgado para hacer efectivo el régimen de visitas establecido.

En 2003, Dolores denunció que Miguel Ángel había abusado sexualmente de su hija, por lo que el asunto llegó a un Juzgado de Madrid que suspendió las visitas permitidas al padre. Tras la llegada del juez González del Pozo a este mismo Juzgado, éste acordó en septiembre de 2005 levantar la citada suspensión ante "la dudosa verosimilitud" de las acusaciones vertidas por la letrada, según las mismas fuentes. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el archivo de la denuncia al entender que "no había pruebas ni indicios" de los supuestos abusos sexuales.

De este modo, el juez estableció que la madre debía de llevar a la menor a una serie de visitas con el padre tuteladas por psicólogos a fin de observar el comportamiento que mostraba la hija con su progenitor. Sin embargo, Dolores se saltó el requerimiento judicial y se negó a acudir al punto de encuentro. Ante su negativa, en julio de 2006 se le impuso una multa de 250 euros mensuales por incumplir el régimen de visitas y se le apercibió con quitarle la custodia de la menor.

La madre adujo entonces que la menor se mostraba reticente a ver a su padre. Por ello, el juez solicitó un informe al psicólogo adscrito al Juzgado de Primera Instancia número 24 para averiguar las causas de la negativa de la hija a verle. Los expertos concluyeron que la abogado manipuló a la pequeña en contra de su padre.

Finalmente, el juez emitió la sentencia de divorcio el 14 de marzo de 2007, dando la custodia al padre. Ante las dudas de que la madre fuera a facilitar la entrega, el juez requirió al inspector jefe del Grupo de Protección de la Policía que organizase un dispositivo policial en el mismo colegio de la menor para garantizar la entrega.

Tras el asesinato de Salgado, se solicitó un nuevo informe pericial para determinar si la custodia de la menor debía seguir ostentándola la madre o debía atribuirse a otra persona. Dolores se negó de nuevo a acatar esta resolución y decidió denunciar al magistrado por comisión de un ilícito penal en un proceso penal, sin especificar el delito. La finalidad de la denuncia era poder recusar al magistrado para que se apartase del procedimiento.

Pero el Juzgado encargado de la investigación archivó la denuncia y la posterior querella contra el magistrado por los mismos hechos. Además, la Audiencia Provincial desestimó la recusación ordenando al juez González del Pozo que siguiera conociendo del asunto.

Tras la entrada en prisión de Dolores en mayo, el magistrado abrió un nuevo procedimiento de medidas cautelares para regularizar la situación de guarda de la menor, huérfana de padre y con su madre en prisión.

En dicho procedimiento se oyó a los abuelos de las líneas paterna y materna y al compañero de Dolores y padre del hermano de un solo vínculo de la menor. Además, se encargó un nuevo informe psicológico de la menor a una psicóloga independiente que determinó que la tutela debía corresponder a la Comunidad ante el deterioro psicológico que se le detectó. Finalmente así se acordó por el juez a petición del Ministerio Fiscal, aunque la tutela concedida a la Comunidad tiene carácter cautelar y provisional y es revisable cada tres meses.